El titular de la Dirección de Transporte del Estado (DTEY), Humberto Hevia Jiménez, “recibió” ayer a 30 choferes de la plataforma Uber con un edificio blindado de policías estatales y empleados que controlaron el acceso a las oficinas, donde comparecieron operadores que quieren pagar su multa y recuperar su vehículo.
La reclamación general de los “uber” es la devolución de sus automóviles porque llevan mucho tiempo decomisados, no saben dónde están ni los han visto, menos les informan cuándo y quién se los entregará.
Socios y choferes de Uber llegaron al mediodía a las puertas de la DTEY, pero no quisieron hablar sobre el conflicto, argumentaron que no sabían el motivo de la concentración y que sólo acompañaron a un abogado de la firma multinacional. Estuvieron callados y en grupo, otros prefirieron mantenerse alejados.
El silencio se rompió cuando uno de los afectados, quien no quiso dar su nombre, sacó un cartelón en el cual argumentaba que Uber es legal y pedía que cesaran las arbitrariedades contra ellos. Dijo que le quitaron su automóvil la semana pasada, no le explicaron el motivo de la detención y acusó al gobierno de actuar fuera de la ley. Cuando empezaron las preguntas, pidió a sus compañeros “Acérquese, no tengan miedo”, pero nadie le hizo caso. No sabe cuánto de multa le impondrán ni dónde tienen su vehículo y no quiso decir la marca de su automóvil; cuando se sintió acorralado de tantas preguntas le dijo a los reporteros: “Pregúntenle a otros”.
Como nadie se acercó para respaldarlo o responder las interrogantes, reconoció que los choferes de Uber tienen miedo de que les quiten sus vehículos y por eso no se acercan. Hasta donde sabe, la policía ya decomisó 250 unidades desde que empezó la “feroz cacería y persecución contra Uber”.
La que ya no aguantó el silencio impuesto por los propios choferes y socios fue la joven Paola de la Rosa, quien manifestó en voz alta y frente a los guardapuertas de Hevia Jiménez:
“Esto es un claro abuso de poder por parte del gobierno", dijo.
Se le hizo notar que los otros afectados no querían decir nada, estaban callados. Y ella retomó la palabra: “Son una bola de cobardes”.
Iván Ricalde contó su caso a los reporteros.
“Mi problema es que mi auto fue detenido por un ‘cuatro’ (engaño) que nos pusieron. Mi usuario aborda la unidad en Plaza Canek rumbo a Caucel. A los 500 metros o un kilómetro cuando mucho llegó la policía. Pidió los papeles del carro, que están al día y en orden. El agente alegó que el usuario no traía puesto el cinturón de seguridad. ¿Cómo pudo verlo si el auto tiene polarizado con el tinte permitido? Luego dijo que el auto no tenía el engomado. Hay muchos que no lo tienen y no los paran. Mi auto es un Sonic del 2013, es mi herramienta de trabajo”, dijo.
“Por no traer el cinturón y el engomado pagué $1,208 y la otra multa de la DTEY fue de $36,603. Las dos multas ya se pagaron y me dieron una carta para que me devolvieran mi vehículo. Con esta carta fui a la SSP (Secretaría de Seguridad Pública) a solicitar la devolución y no me lo dieron. La SSP me mandó a la DTEY, y aquí me dicen que ellos no tienen corralón, no manejan corralón y que es en la SSP”.
“Me volvieron a decir que con este papel (un oficio donde comprueba que ya pagó las multas) me deben devolver la unidad. Fui de nuevo a la SSP y me pidieron que hiciera un escrito donde pido mi unidad. Ya lo hice y hoy (por ayer) regresé a la SSP y me mandaron de nuevo a la DTEY. No sé dónde está mi carro ni lo he visto. Ya pagué desde el 10 de febrero y no me lo han dado”.
“La plataforma Uber nos está apoyando y pagó la multa de la DTEY, pero sí estamos afectados porque el vehículo es nuestro medio de trabajo. En mi caso, ya pagué y sólo quiero que liberen mi carro. Ya me liberaron aquí en DTEY, llevo más de un mes gestionando que me lo liberen y nada”.
“No sé dónde está mi vehículo. Unos me dicen que en la academia de policía, otros que en el corralón. Voy al corralón y me dicen que no está. Voy a la SSP para checar y me dicen que allá no hay nada. Desespera esta situación. Si ya pagué las multas, ¿por qué no me lo quieren entregar? Ya tramité un amparo para que me lo devuelvan, pero el juicio tarda tres meses”, lamentó.
Mario Morales también expuso su caso: “Me detuvieron el 9 de febrero y ayer comparecí. Me dijeron que mi resolución será el 24 de marzo. Me multaron, según ellos, por prestar el servicio de transporte público sin concesión. La multa es de 36 mil a 40 mil pesos. Sé que Uber paga las multas, nos está apoyando y eso nos debe unir porque no nos está abandonando. Sé que hay miedo y por eso no se acercan todos, están esparcidos (en las inmediaciones de la Dirección de Transporte)”.
“Uber nos está dando un porcentaje de los ingresos que teníamos para que nos ayudemos, no nos ha abandonado, pero ya son muchos los vehículos detenidos. Nos dicen que son como 80 ó 100 y ya están viendo la liberación de nuestros automóviles. Algunos socios y choferes están declarando ahorita para que expliquen cómo y cuándo los detuvieron y les fijarán su fecha de resolución”.
Publicado por: NOTICIAS DE YUCATÁN
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