Noviembre 22, 2023 02:00 PM

(Vídeo) Alcalde de Toluca es acusado de violencia familiar por su exesposa

Edomex (apro).- Viridiana Rodríguez, exesposa del alcalde de Toluca, Raymundo Martínez, exigió a la gobernadora Delfina Gómez intervenir para destrabar las denuncias que entabló en contra de su exmarido por los supuestos delitos de secuestro, violencia familiar, allanamiento, daño en propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad, abuso de poder y uso indebido de fuerza pública, en su contra y la de su familia.

Por su parte, Martínez Carbajal calificó como falsos e infundados los señalamientos que sólo “buscan crear un clima de hostilidad, recurriendo a temas estrictamente personales”.

Tras ocho meses de ausencia, su abrupta salida del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la detención que considera arbitraria de su padre, la exprimera dama toluqueña rompió el silencio mediante un video alojado en sus redes sociales, grabado, según lo expone, fuera de territorio mexiquense, por seguridad.

“Exijo a la gobernadora que tome cartas en el asunto, ya que se negó a escucharme de viva voz, y cuando llegó a la administración me quitaron la seguridad que a consecuencia de la balacera que sufrieron mis padres me tuvieron que otorgar, dejándome más vulnerable, sólo con un botón de pánico que no sirve para nada”, manifestó.

También demandó al fiscal José Luis Cervantes mostrar a Gómez Álvarez el expediente completo, pues lo acusa de intervenir para detener las investigaciones y proteger al priista, a pesar de que se han entregado todas las pruebas para demostrar las acusaciones.

Viridiana Rodríguez aseguró que al lado del alcalde vivió 12 años de violencia física, emocional y sexual; “hoy vivo un infierno que comenzó a arder el 12 de abril con la detención ilegal de mi padre, sin orden de aprehensión ni de cateo, ejecutada por la Policía Municipal comandada por Iván Zepeda, entonces director del DIF”, quienes allanaron su oficina, lo golpearon y sacaron a la fuerza con apoyo de un comando de 40 policías.

La detención, aseguró, respondió a una venganza personal, debido a que en febrero había dejado al alcalde, quien además quería que su exesposa le devolviera documentos no especificados, a cambio de la libertad del suegro.

Afirmó que tanto la detención del papá como la violencia familiar se denunciaron ante las instancias correspondientes, pero la noche del 5 de mayo, un día inhábil, se apersonaron en su domicilio personal de la Fiscalía, la nueva directora del DIF Municipal y el notario Erick Santín para obligarla a firmar el desistimiento por delitos graves en que el perdón no procede, como secuestro, violencia familiar, allanamiento, daño en propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad, abuso de poder y uso indebido de fuerza pública.

Por miedo y bajo la promesa de dejarlos en paz, indicó que también les obligaron a suscribir un convenio de confidencialidad que les prohíbe hablar del alcalde por 15 años; de hacerlo, les obliga a pagarles 15 millones de pesos; y también les compromete a no ejercer acción legal en su contra, la de su equipo y la de su amante, con quien asegura sostenía encuentros sexuales en sus oficinas mientras estaba casado.

La extitular del DIF toluqueño responsabilizó al alcalde, su equipo cercano y la Policía Municipal de cualquier agresión hacia ella, su familia y su abogado.

Respuesta del alcalde

El presidente municipal respondió a través de un comunicado que los señalamientos de la “Mtra. en Derecho Procesal Penal” son falsos e infundados, “buscan crear un clima de hostilidad, recurriendo a temas estrictamente personales”.

“He sido respetuoso de la privacidad y poniendo por delante la estabilidad de mi familia, seguiré actuando siempre en apego a la ley, incluso ante la negativa reiterada de acceder a la convivencia con mi menor hijo”, manifestó.

Dijo que el divorcio y acuerdo de confidencialidad son asuntos jurídicos ya concluidos y juzgados por la instancia correspondiente, y manifestó su confianza en las instituciones y el estado de derecho.

Aseguró que no entrará al “juego de la mercadería política que daña de manera dolosa a personas e instituciones que nada tienen que ver en este asunto”, y pidió respeto a la privacidad. “Para no abonar a las especulaciones, no haré más declaraciones a este respecto evitando entorpecer los procedimientos legales que pudieran estar en curso”, añadió.