La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán cometió al menos 31 casos de tortura en Mérida durante los años 2014 y 2015 –abuso sexual, asfixia y amenaza de muerte– que al ser denunciados, no son investigados por las autoridades, pero tampoco son señalados por las comisiones de los derechos humanos como “tortura”, declaró María de los Ángeles Cruz Rossel, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), durante la mesa panel Derechos humanos en Yucatán: situación y desafíos, el lunes en el restaurante Amaro.

La investigación realizada por el Centro DH UADY y la organización internacional Open Society revisó cinco mil expedientes entre los cuales se encontraron 94 casos donde se investigó tortura (48 en 2014 y 46 en 2015). Se revisaron 33 casos, como una muestra de las denuncias, por lo que Cruz Rossel declaró que se trata de tortura “documentada, sistemática, generalizada y sin voluntad política” para evitarla, y sin interés de la ciudadanía para ser un contrapeso.

De los 33, en 31 estuvo involucrada la SSP, en dos la Policía Municipal de Mérida, y en dos más coincidieron la policía estatal y la ministerial. En 21 casos se registraron golpes y lesiones; en 19 fueron detenciones ilegales; en 12 amenazas de muerte con arma e intimidación a la persona y a la familia; en 10 detenciones fueron prolongadas; siete fueron obligadas a confesar o firmar; seis personas fueron lesionadas por el uso de esposas; en cuatro sufrieron electrochoques. En dos casos se registró abuso sexual, ambas mujeres; y en otros dos hubo asfixia con bolas, agua u orina.

Según los certificados médicos –solo 14 los tienen– en 10 se presentaron lesiones, en dos se determinaron que curan en menos de 15 días, en uno la persona no presentó huellas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) apenas realizó el único reporte médico externo. Ninguno, ni siquiera aquellos que denunciaron amenazas o abuso sexual, tuvieron evaluaciones psicológicas o psiquiátricas.

Las denuncias fueron interpuestas por otras agencias de la Fiscalía General del Estado (FGE) en 12 ocasiones, la Procuraduría General de la República (PGR) ocho veces, las comisiones de los derechos humanos en apenas tres. En dos terceras partes de los casos (22) solo se aperturó, pero no existe indicio de que se asegurara la cadena de custodia o las pruebas. En los 11 restantes lo único que ocurrió es que se envió un oficio a la SSP, como autoridad responsable, pero la investigación no continuó, ni se fincaron responsabilidades. Las investigaciones se archivaron.

El perfil de los torturados es que se trata de personas de bajos recursos, con educación (entre primaria y bachillerato) trunca, provenientes del oriente y el sur de Mérida, entre los 25 y 30 años. De los 94 casos encontrados, 87 fueron hombres y siete mujeres, aunque dos de ellas con sus parejas. La mayoría de las detenciones fue por robo y portación de narcóticos.

Los casos de tortura, dijo Cruz Rossel, registran a personas que son envueltas en bolsas negras, llevadas a Kanasín, puestas al sol y orinadas, también están las muertes por tortura en cárceles municipales, el waterboarding, entre otros no revisados.

Manifestó que existe desinterés de las corporaciones policíacas, la Codhey, legislativo y ciudadano para evitar los casos de tortura. En el caso de la SSP y otros organismos de seguridad, afirmó que “es una práctica generalizada, piensan que no existe otra forma de poder realizar la investigación”.

Indicó que tanto la Fiscalía como la SSP sí tienen conocimiento del Protocolo de Estambul, el manual internacional para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante, pero omiten aplicarlo. Hay otras autoridades que desconocen cómo utilizarlo, agregó.

Otra de las cuestiones es que la policía ministerial que investiga los delitos se convirtió en la Policía Estatal de Investigación, trasladada a la SSP, por lo que surge la duda de “¿si se investigarán a sí mismos?”, expresó.

Aunque en Yucatán existe una ley para prevenir y sancionar la tortura en el estado, ésta no establece cómo se deben investigar los casos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, es considerada como delito grave, tipificada en una ley penal especial, y no en el Código Penal de la entidad, reconoció.

La Codhey, y otros organismos de derechos humanos, evitan usar la palabra “tortura” en sus recomendaciones lo cual es “lo más grave”. Los casos son caracterizados como violatorios a la libertad personal, a la seguridad, a la detención y la incomunicación, mencionó. 

No existe una recomendación general contra la tortura en Yucatán, sino que son en casos específicos, cuando la persona presenta una queja, pero lo que ocurre es que se quedan cortos y no categorizan los hechos de acuerdo a los términos legales, apuntó la coordinadora del Centro DH UADY.

Las recomendaciones son suspensión del cargo, capacitación o comenzar un proceso administrativo, pero nunca inicia un proceso legal a pesar de ser un delito, señaló.

La sociedad tampoco se preocupa porque se eviten los casos de tortura, declaró. Indicó que existe el discurso de que si se agarra a los delincuentes a la sociedad no le importa si les golpean para obtener la información.

Entonces se carece de la sensibilización debida y también de un contrapeso para evitar las violaciones de derechos humanos, expresó. “El que comete un delito puede ser torturado pero también al inocente, no es cuestión de culpabilidad sino de límites del poder estatal frente a las personas”.

A pesar del caso de tortura municipal documentado en Tekax en 2016, y que los legisladores tuvieron cierta voluntad para condenar el caso y crear una comisión estatal para investigar, lo que evita que sea la propia Fiscalía la que “investigue a sus amigos”, se quedó a la mitad, afirmó. La comisión estatal aún no existe. La tortura en Yucatán, dijo, se normalizó. La Jornada Maya