El regulador ruso de telecomunicaciones ha pedido este viernes a un tribunal de Moscú "limitar el acceso" a Telegram, una aplicación de mensajería instantánea conocida por su alto nivel de confidencialidad y creada por el ruso Pavel Durov, según informa France Presse. La compañía rechazó el pasado lunes entregar las claves de cifrado a los servicios de seguridad del país, lo que les permitiría acceder a los datos de los usuarios. 

El pasado mes de marzo, el servicio federal de supervisión de las telecomunicaciones (Roskomnadzor, en ruso) había dado dos semanas a la compañía para que diera al Sistema de Seguridad Federal (FSB) el acceso a los mensajes encriptados de los usuarios. Pero en una carta al supervisor, el abogado de Telegram, Dmitry Dinze, explicó que las exigencias de las autoridades eran "inaplicables" desde el punto de vista técnico debido precisamente a su muy complejo sistema de encriptado, por el cual la propia mensajería no tiene acceso a algunas comunicaciones.

En un tuit publicado el 20 de marzo, el autoexiliado fundador del servicio de mensajería, Pavel Durov, dijo que rechazaría cualquier intento de bloquear Telegram y que la compañía "representará la libertad y privacidad". Según recoge France Presse, el año pasado, Durov dijo que las demandas del FSB "son técnicamente imposibles de realizar" y que violan la Constitución rusa que da derecho a los ciudadanos de mantener correspondencias privadas. Durov abandonó Rusia en 2014.

Desde su creación en 2013, la compañía de mensajería ha atraído a más de 200 millones de usuarios. Telegram permite intercambiar mensajes, fotos y vídeos en grupos de hasta 5.000 personas y es especialmente popular entre activistas políticos. La empresa se ha convertido en uno de los grandes competidores de WhatsApp, que en 2014 fue comprada por Facebook por 19.000 millones de dólares (más de 15.000 millones de euros).

La solicitud del servicio de supervisión de telecomunicaciones es el último episodio de una disputa entre Telegram y las autoridades rusas. A mediados de octubre, la justicia rusa condenó a la empresa a una multa de 800.000 rublos (18.000 euros) por negarse a cooperar con el FSB. Además, el pasado junio, el regulador ya había amenazado de bloquear a la compañía por no entregar los documentos de registro. Aunque finalmente los proporcionó, Telegram rechazó proveer los datos de los usuarios a las autoridades. La legislación antiterrorista de 2016 —que fue condenada por la oposición—estipula que todas las empresas de telecomunicaciones tienen que almacenar en el país los datos de los usuarios rusos. El País