Sin freno el ecocidio y la devastación en la sierra Tarahumara

A mediados del año pasado, un conjunto de organizaciones defensoras del medio ambiente, entre las que se incluye la Diócesis de la Tarahumara, denunciaron ante la ONU y la opinión pública que entre 2011 y 2016, en 23 municipios de Chihuahua ubicados en la Sierra Tarahumara, la SEMARNAT autorizara permisos de aprovechamiento forestal por más de 12 millones de metros cúbicos: 60.28% más que en el sexenio anterior, durante el cual la deforestación en el estado alcanzó 31 mil hectáreas por año.
Precisamente Soraya Núñez, publicó recientemente en El Heraldo de Chihuahua que “causa asombro en turistas que se internan en la Sierra Tarahumara, vía férrea o terrestre, que grandes zonas de bosque se encuentren casi desérticas, dejando a la luz una actividad ilegal que muy pronto terminará no sólo con el atractivo de la zona serrana, sino que también está provocando un daño ecológico irreversible”.
La periodista señala “la Sierra Tarahumara se acaba, la tala ilegal y los incendios forestales han provocado que parte de estos bosques sean ya prácticamente un desierto, que ofrece un panorama desolador y que requiere con urgencia atención de las autoridades correspondientes para prestar atención a este ecocidio ecológico y se implementen las medidas necesarias para detener esta devastación”.
Las denuncias de los defensores de la Sierra Tarahumara
Chihuahua cuenta con una superficie forestal de 16.5 millones de hectáreas, de las cuales, casi la mitad son bosques de pino y encino y selva baja caducifolia que se encuentran ubicadas en la Sierra Madre Occidental.
Con la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción Sustentable (ENAIPROS) 2013-2018, implementada por el Gobierno Federal, se pretende aumentar de 6 a 11 millones de metros cúbicos anuales la producción maderable del país, lo que significa un aumento del 86% a nivel nacional.
La consecuencia de esta política que aumenta exponencialmente la autorización de permisos de aprovechamiento forestal, implicó que entre 2011 y 2016, en 23 municipios de Chihuahua ubicados en la Sierra Tarahumara, la SEMARNAT autorizara permisos de aprovechamiento forestal por más de 12 millones de metros cúbicos: 60.28% más que en el sexenio anterior, durante el cual la deforestación en el estado alcanzó 31 mil hectáreas por año.
En 2016 la mayor producción forestal maderable de la zona se dio en los municipios de Guadalupe y Calvo (25.84%), Madera (18.25%), Guachochi (13%) y Balleza (7.84%).
A este aumento autorizado se le suma la tala ilegal, que según PROFEPA corresponde a un 30% de la superficie forestal que es explotada de manera legal; a la devastación se le suman los incendios forestales, que según la CONAFOR, de enero a julio de 2017, ocurrieron 717 incendios en Chihuahua afectando 70,283.79 hectáreas.
Entre 2005 y 2014 se presentaron 673 denuncias ante PROFEPA, la mayoría sobre la tala ocurrida en Guadalupe y Calvo; sin embargo, las autoridades no consignaron ni sancionaron a los responsables. Según PROFEPA, en 2016 se presentaron 26 denuncias por tala ilegal, de éstas, en sólo 12 se multó al responsable.
Los incendios forestales se relacionan con la tala ilegal y el control regional por el crimen organizado; es el caso del municipio de Bocoyna, de acuerdo a la Denuncia Pública realizada por la Diócesis de la Tarahumara el 1 de mayo de 2016.
Una serie de demandas presentadas ante la PROFEPA culminó con un Expediente de Hechos emitido por la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (2005) en el cual se documentan las omisiones sistemáticas cometidas por la PROFEPA ante las denuncias presentadas.
En las dos primeras décadas del siglo XXI, a la problemática forestal mencionada, se le añade la presencia del crimen organizado como una amenaza que se cruza con las ambiciosas metas del sexenio de Enrique Peña Nieto, y el control autoritario de los aprovechamientos forestales. Con información de Noticias ZMG.

Publicado por:NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA