Sin control, el gasto de los estados: casi $2,500 millones de fondos federales son mal manejados

La corrupción a lo que más da

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió múltiples irregularidades, desde subejercicios hasta posible desvío de recursos, por casi 2 mil 500 millones de pesos que la federación le entregó a los estados en 2017 y que proviene de un fondo que carece de reglas claras de operación, indicadores objetivos de seguimiento y mecanismos de transparencia.

Se trata del denominado Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) cuyo presupuesto erogado, además, terminó siendo casi 20 veces superior a lo que originalmente se había contemplado en el Presupuesto de Egresos de 2017. Pasó de 3 mil 256 millones originalmente aprobados a más de 55 mil millones al cierre del año pasado.

Debido al tamaño de las irregularidades, la ASF informó que ha ordenado un paquete de nuevas auditorías emergentes para dar seguimiento al destino del dinero extraído de este fondo perteneciente al denominado Ramo 23, el cual ha sido señalado por abrir la puerta a hechos de corrupción, como los llamados “moches”.

En los informes de resultados presentados al Congreso, la ASF advirtió que muchas entidades federativas incluso usan con absoluta discrecionalidad los recursos que reciben de este fondo y deposita el dinero en sus cuenta concentradoras, hecho que de por sí ya es ilegal.

“Se observó la carencia de reglas de operación y de criterios claros y objetivos para su asignación a cada estado, tampoco para su contabilidad incluso algunos estados los clasificaron incorrectamente como participaciones y los depositaron en la cuenta licuadora”, indicó la Auditoría.

Fallas de todos colores

Para analizar la forma en que se estaban usando los recursos del FORTAFIN, la ASF practicó 17 auditorías de cumplimiento financiero, una de ellas a la Secretaría de Hacienda como la entidad responsable de coordinar el fondo y 16 más a distintas entidades federativas que recibieron recursos del mismo durante el año pasado.

El resultado fueron diversas irregularidades detectadas por un monto que asciende a 2 mil 477 millones de pesos y que los estados tienen la obligación de aclarar. En caso contrario se considerará un presunto daño al erario público que dará paso a las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República.

Del total del dinero mal manejado hay 1 mil 269 millones de pesos, el 50.5 %, que corresponden a recursos que las entidades reportaron haber gastado sin que existen documentos suficientes que acrediten que realmente se invirtió en algo. Es decir, falta evidencia que lo pruebe. Esta es la irregularidad más común.

La segunda irregularidad detectada con mayor frecuencia y que asciende a un monto de 829.5 millones de pesos (33 % del monto total observado) corresponden a recursos que las entidades recibieron pero no gastaron, y que sin embargo tampoco fueron devueltos a la Secretaría de Hacienda. Es dinero que no aparece.

Los auditores también encontraron anomalías en el gasto 87.3 millones de pesos que se destinaron al pago de obras de mala calidad o que no se ejecutaron. A su vez se reportaron 77.1 millones de pesos que se pagaron como anticipos por servicios que no fueron compensados.

Además hubo pagos improcedentes o en exceso que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, suman 56 millones de pesos. El resto del dinero reportado corresponde a otras irregularidades.

Pero sumando a lo anterior, lo que la ASF considera como “crítico” es el hecho de que sin aparente justificación, el monto original del FORTAFIN aprobado en el presupuesto de 2017, y que era del orden de los 3 mil 243 millones de pesos, haya crecido hasta los 55 mil millones de pesos Es un sobre ejercicio del 1,600 % entre lo aprobado y lo que se terminó erogando al final.

¿Qué estados fueron los principales beneficiados con este incremento? El estado de México que terminó recibiendo 8 mil 528 millones de pesos; seguido de Guerrero con 3 mil 792 millones de pesos; Michoacán con 3 mil 771 millones de pesos; Ciudad de México con 3 mil 422 millones de pesos; y Chiapas con 3 mil 328 millones de pesos.

El aprobar una cantidad para este fondo y terminar gastando mucho más no es un hecho aislado. Un análisis de la organización México Evalúa arrojó que en el año 2016 al FORTAFIN se le asignó en el presupuesto mil 560 millones de pesos y sin embargo, al finalizar aquel año el monto se había elevado a más de 65 mil millones de pesos, un crecimiento descontrolado de más del 4 mil por ciento.

En opinión de los auditores, lo anterior es posible gracias a la falta casi absoluta de reglas y criterios reales sobre la utilidad de este fondo, sus alcances y los criterios para repartirlo.

“No existe un marco jurídico que regule a quién otorgar los recursos, los motivos, el monto y la temporalidad. Actualmente, la entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la Secretaría define, los cuales no se publican en el Diario Oficial de la Federación (…) No existe claridad sobre el problema o necesidad pública que atiende el fondo, ni se cuenta con una justificación adecuada sobre su pertinencia y alcance” indica el análisis.

Publicado por:Noticias de Yucatán