Senadores y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el Ejecutivo federal se pronuncie sobre el caso de presunto espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, atribuido a dependencias del Gobierno federal.

“Yo creo que lo menos  que merecemos es una declaración; que nos diga qué es lo que está pasando, a quién se va a investigar”, demandó en tribuna la vicecoordinadora de los senadores de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, durante el debate que sobre el tema tuvo lugar en el órgano legislativo.

En su turno, el senador Héctor Larios Córdova afirmó que no hay duda de que se trata de un “espionaje desde el poder: o fue la PGR, el CISEN o la Secretaría de la Defensa Nacional. Son las tres instancias que adquirieron este software”.

Larios Córdova ironizó señalando que ante un hecho de esta envergadura, denunciado en un medio internacional de muchísimo prestigio, la respuesta ha sido: “no hay pruebas”. Y agregó:

“Viene una denuncia concreta y específica sobre desvío de recursos públicos hacia el PRI en Chihuahua y otra hacia el PRI en Quintana Roo y en este país no pasa nada. Y eso es, precisamente, lo más importante: no podemos acostumbrarnos a que en este país no pasa nada, cuando en cualquier otra parte del mundo, o casi en cualquier otra parte del mundo, eso significaría, con independencia de la autoridad investigadora, iniciar una investigación incluso contra el propio Presidente de la República.

Los legisladores panistas pidieron la comparecencia de los titulares de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como de la Procuraduría General de la República (PGR), para ofrecer explicaciones sobre el caso ante el pleno de la Comisión Permanente.

Al respecto, el senador el senador Larios propuso que además de comparecer, el Secretario de Gobernación presente informes periódicos sobre el curso de las investigaciones de este, que calificó como “verdaderamente delicado. De otra manera, agregó, sería sólo simulación.

La senadora Gómez del Campo expuso que el costo del espionaje es de más de 125 millones de pesos, y que resultaba increíble que ante esta cifra no haya una respuesta contundente del Gobierno federal, no haya culpables, hasta el momento.

El diputado Federico Döring criticó que en sus intervenciones en tribuna, el PRI haya condenado primero los hechos y luego, descalificado a los periodistas del New York Times que los dieron a conocer.

Dijo que se trata de un hecho inédito, del que si el Gobierno federal no es culpable por la comisión del mismo, sí lo es por omisión, porque no ha encontrado a quienes lo están haciendo.

Calificó como una “vergüenza para México que la postura seudo oficial sea la de un boletín sin hoja membretada, sin un responsable”, y que al Presidente de la República no le merezca la atención el tema, para fijar él mismo una postura”.

Döring indicó que lo mínimo que merece la opinión pública es que el Presidente, si se dice que está en contra de eso, que lo haga público; que gire una instrucción, que se comprometa.

Por su parte, la diputada panista Claudia Sánchez Juárez manifestó que resulta imprescindible que el Gobierno federal aclare, de forma precisa, su papel en este asunto. “Es particularmente preocupante para el Partido Acción Nacional que se den estas prácticas”, apuntó.