La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al gobierno de Rolando Zapata Bello realizar las investigaciones pertinentes e iniciar los procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados en la modificación del proyecto ejecutivo de El Palacio de la Música (Centro Nacional de la Música), que se edifica en la ex sede del Congreso de Yucatán, pues no se lograron sustentar “las ventajas y los beneficios de los cambios a los procesos constructivos pactados” con la Federación para la entrega de los recursos.

La ASF es contundente: “resultan innecesarias las referidas modificaciones para el cumplimiento eficaz y eficiente del objetivo de la obra” y, además, puntualiza: “la supervisión externa (de la obra) no cumplió con su funciones” y que “los trabajos ejecutados no cumplen con la calidad especificada en las especificaciones particulares, ya que existen filtraciones de agua en los muros del sótano”.

En efecto, tras el descubrimiento de modificaciones sin justificación al proyecto ejecutivo original de El Palacio de la Música y del aumento de costos en más de 91 millones de pesos, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos, que en su gestión autorizaron la celebración de dos convenios que modificaron sustancialmente el proyecto.

La ASF constató que el gobierno no pudo justificar las modificaciones y que los cambios se hicieron “mediante la celebración de dos convenios, que modificaron el sistema constructivo de los entrepisos a base de losa acero, indicados en las bases de licitación; es decir, el gobierno yucateco modificó el proyecto original sin justificación alguna, por lo que el costo del Palacio se elevó en casi 91 millones y medio de pesos.

Por ejemplo, echó mano del “cambio de losas de entrepiso a base de losa acero por losa prefabricada tipo Bubbledeck de 70 y 80 cm de peralte, lo que ocasionó que se modificara el concreto premezclado de 250 kg/cm por concreto premezclado de 450 kg/cm y que se incrementara el volumen de este último; cambios en el sistema de apuntalamiento para cimbrar las losas y su plazo de permanencia y reforzamiento con mayores cantidades de acero de refuerzo y concreto de la estructura de acero estructural, muros, castillos y los elementos de cubos de elevadores; adicionalmente, se modificaron los pisos y las fachadas por elementos prefabricados.

La Auditoría Superior de la Federación determinó, además, que el gobierno de Rolando Zapata Bello no pudo aclarar ni justificar el aumento de los costos, por lo que subsiste la observación, en virtud de que, aún cuando entregó la ampliación de las fianzas de cumplimiento y del anticipo otorgado del 30.0 por ciento; no proporcionó la documentación con la justificación técnica en la que se sustenten las ventajas y los beneficios de los cambios a los procesos constructivos pactados, ni los documentos donde Conaculta indica los cambios del proyecto original, dado que éste fue sometido primeramente para su evaluación y autorización donde se determinó que dicho proyecto cumplía con las necesidades requeridas de inicio, con la cual se licitó la obra. Tampoco presentó los estudios de acústica que realizó Conaculta, para modificar las áreas y que motivaron las modificaciones de los procedimientos constructivos. No presentó el cálculo que acredite que la contratista obtendrá una diferencia favorable”.

Las irregularidades fueron muchas más, ya que su gobierno, por ejemplo, “omitió solicitar a la Secretaría de la Función Pública la correspondiente autorización para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados para ajustarlos a las nuevas condiciones, y entregar la ampliación de las fianzas de cumplimiento y del anticipo otorgado del 30.0 por ciento”.

Sobre las filtraciones de agua se “informó que aún quedan trabajos por ejecutar, los cuales sellaran completamente el paso del agua, además de que el contrato se encuentra hasta el momento vigente, por lo que se ha indicado a la contratista atender las reparaciones de los trabajos”.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación insiste en que “el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación adicional justificativa o comprobatoria de los ajustes que resulten a los importes pagados a la supervisión.

Muchas dependencias

Son numerosas las instituciones y dependencias estatales que no han comprobado cientos de millones de pesos, por lo que se “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública” por un monto de seiscientos veintiún millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos, según se desprende del análisis realizado por La Jornada Maya e Infolliteras.com a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1706 1706-DE-GF del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016; entre dichas instituciones se cuentan, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, el Instituto de Historia y Museos de Yucatán, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán), el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán, el Centro Estatal de Transplantes de Yucatán, el Hospital de la Amistad Corea-México, la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Estado de Yuctán, el Hospital Comunitario de Peto, el Hospital Comunitario de Ticul y la Secretaría de Salud.

Información de La Jornada Maya