Organizaciones no gubernamentales rechazaron la pretensión de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, porque esa medida, subrayaron, contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar.

“Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”, subrayaron en un comunicado.

Destacaron que las iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, denominadas de “seguridad interior”, parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país.

Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar, recalcaron.

“Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar”, destacaron en su comunicado.

Lo que debe hacerse, precisaron, es centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
“Sólo así podremos resolver de fondo y a largo plazo la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país”.

Y en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, propusieron respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. “La aprobación de una ‘Ley de Seguridad Interior’ o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado”.

Como segundo punto destacaron la adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. “La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia”.

En tercer lugar, señalaron que es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.

En el cuarto punto demandaron reformar a las policías, aunque eso, subrayaron, no será suficiente. “Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria”.

Finalmente, exigieron cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

“Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional”, remataron.