El juez retirado de Oklahoma Thomas Landrith es considerado un paladín de la reforma judicial.

Puso en marcha el primer juzgado rural para casos de drogas y recibió muchos elogios por disponer tratamientos para los imputados en lugar de encarcelarlos.

Pero también se vio involucrado en un aspecto más siniestro de la reforma: Inició un programa de rehabilitación propio en el que los imputados deben trabajar a tiempo completo, sin cobrar, para una embotelladora de Coca Cola y otras empresas, si quieren evitar ir a la cárcel. Se les exige que digan que no tienen empleo y entregar sus cupones alimenticios al programa, lo que según los reguladores del estado es un fraude. Algunos imputados incluso arreglaron el jardín de Landrith sin cobrar.

“Fue la peor experiencia de mi vida”, declaró Cody Evans, una ex participante en el programa de rehabilitación Southern Oklahoma Addiction Recovery, conocida por sus siglas en inglés, SOAR. “Prefiero ir preso”.

Este es el último hallazgo de una investigación que lleva a cabo Reveal de programas de rehabilitación de todos el país que son poco más que lucrativas iniciativas que ofrecen mano de obra a empresas privadas.

Coca-Cola prohíbe el trabajo forzado en sus embotelladoras independientes. En respuesta al informe de Reveal, la embotelladora Ada Coca-Cola Bottling Co. dijo que dejaría de participar en el programa.

“Tomamos muy en serio las inquietudes que se han planteado” en torno al programa, manifestó la compañía en un comunicado. “Participamos en el programa SOAR por el bien que hemos visto le puede hacer a la gente en nuestra comunidad y esperamos poder colaborar con SOAR para revisar las condiciones del programa”.

La participación de uno de los jueces más renombrados de Oklahoma refleja el alcance de este tipo de modelos de rehabilitación, que involucran a corporaciones grandes, políticos poderosos e incluso personal del sistema judicial encargado de hacer cumplir las leyes. Y saca a la luz una serie de cuestiones éticas y legales que pueden surgir en el proceso, a veces en programas que comenzaron con las mejores intenciones.

Muchas personas colocadas en SOAR no han sido halladas culpables de nada todavía, lo que implica que sus trabajos forzados podrían violar la 13ra enmienda de la constitución, que prohíbe la esclavitud y la servidumbre involuntaria, según expertos legales.

Las normas éticas del estado indican que un juez no debe ser agente de una organización que puede terminar en su juzgado. Landrith integra la junta de SOAR, sin cobrar, y ha enviado al menos nueve personas a ese programa desde el 2010, según documentos oficiales.

Landrith se jubiló en el 2014, pero sigue colaborando como voluntario en un tribunal de casos de drogas en el condado de Pontotoc. Dijo que no considera una violación de las normas el enviar individuos al programa de rehabilitación.

Lanzó el SOAR en el 2008, inspirado en un programa parecido fundado por un vendedor de metanfetaminas que una vez pasó por su juzgado. No le cuestan nada al imputado y al contribuyente, en momentos en que escasean los programas con tratamientos baratos. Lo único que tienen que hacer los imputados es trabajar.

“El trabajo todo lo puede”, dijo Landrith. “Algunas de estas personas no trabajaron un solo día en su vida”.

Hoy SOAR alberga a unos 45 individuos que trabajan en la planta embotelladora, en un negocio de limpieza de autos propiedad de uno de los miembros de la junta, en una compañía de techos y en una factoría de Leachco que produce almohadas para mujeres embarazadas vendidas en Babies R Us, Nordstrom y Bed Bath & Beyond.

“Es la mejor forma de hacer que se vuelvan a sentir bien con ellos mismos”, afirmó el presidente de la junta Duane Murray. “No hay nada mejor, ni más terapéutico, que levantarse y hacer lo que hace todo el mundo a diario”.

En lugar de pagarles a los trabajadores, las empresas le pagan a SOAR y no deben pagar impuestos ni seguros para accidentes laborales, señaló el programa.

Kevin Lowe, administrador de la empresa de lavado de autos Ultimate Carwashes, dijo que el programa beneficia a los imputados más que a las empresas, porque es la única forma que tienen de acceder a un tratamiento.

“Si esto viola las leyes, entonces las leyes están mal pensadas”, sostuvo Lowe. “Veo hombres que enderezan sus vidas y tienen hijos, que se casan y vuelven a contribuir a la sociedad”.

Además de trabajar, se exige a los imputados que asistan a terapias de grupo una vez a la semana y a misa dos veces a la semana. Si completan el programa de seis meses sin infracciones, podrán recibir un sueldo de 500 dólares.

Reveal dice que habló con más de una docena de personas que participaron en el programa y que todas menos una dijeron que estaban más pendientes del trabajo que de la rehabilitación. Justin Manion afirmó que el programa era “una burla”. Dustin Barnes sostuvo que quienes dirigen el programa son “bandidos”.

“Esto no es para ti si no puedes trabajar”, dijo Lee Purdy. “Es lo que te dicen cuando vas por primera vez”.

A su llegada, los participantes van derecho a la oficina local de cupones alimenticios, de acuerdo con Cody Theriac, enviado al programa por un tribunal para casos de drogas de Tulsa. Un empleado de SOAR le instruyó que dijese que era desempleado, aseguró, por más que a los pocos días empezaba a trabajar para LeachCo.

“¿Eso no es un fraude?”, le dijo Theriac, según cuenta. “Todo el tiempo pensaba que si no hacía lo que me decían, terminaba en la cárcel”.

SOAR confiscó todas las tarjetas de beneficios de los participantes en el programa, aseguraron. Cada tanto llevaban a un grupo al supermercado local de Walmart y los hacían comprar comida para todo el centro de rehabilitación con las tarjetas, según afirmaron.

Debra Martin, portavoz del Departamento de Recursos Humanos de Oklahoma dijo que eso era considerado fraude. “Es ilegal”, expresó.

Duane Murray, presidente de la junta de directores del SOAR, dijo que el programa tenía un acuerdo con ese departamento. Pero Martin afirmó que no estaba al tanto de ningún acuerdo.

En los últimos meses otros dos programas de rehabilitación similares fueron acusados de tráfico humano y de fraude, y Landrith dijo que espera que SOAR corra la misma suerte.

Si ello sucede, pronosticó, todos los imputados asignados a programas en los que deben trabajar irán a parar a la cárcel.

“Empezamos el programa SOAR porque no había dónde enviar a nadie”, manifestó. “Y hoy pasa lo mismo”.

Información de AP