Si el señor K asiste a un juicio en el que ignora de qué se le acusa y por lo cual termina condenado, según el desesperanzador relato de El Proceso (Franz Kafka), en el caso de la Procuraduría General de la República (PGR), podría decirse que hay una superación de esa incongruencia: en el caso de la respetada profesora Laura Carranza Leal, egresada de la Universidad de Guadalajara, la fiscalía de delitos contra la salud la acusa claramente de tráfico de estupefacientes... aunque no ignora que se trata de medicinas controladas cuyo destino era la madre de la señalada, y no obstante que tanto el origen como el destino de esos medicamentos está debidamente acreditado. 

Y como el agente del Ministerio Público se negó a valorar esas pruebas, y determinó solicitar la acción penal contra la catedrática, ahora está en manos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito su destino. En el sitio change.org se ha abierto una petición para que los magistrados valoren de otro modo las pruebas y no condenen a una profesional de la psicología por un delito que nunca fue cometido. 

La petición se encuentra aquí. 

 "Mi nombre es Laura Carranza Leal, soy de Guadalajara, soy psicóloga y he dedicado mi vida profesional a los niños con problemas de aprendizaje. Tengo casi 30 años trabajando en la Secretaría de Educación Pública. Ahora, el gobierno federal quiere darme hasta 25 años de cárcel por enviarle a mi madre enferma sus medicinas, y olvidar poner la receta en el paquete. A pesar de los documentos y pruebas entregadas por los médicos que avalan las medicinas enviadas, se me acusa de ser narcotraficante", señala. 

"Mi madre padece de esquizofrenia paranoide desde hace 50 años, lo que ha significado para mis hermanos y para mí una prueba difícil en la vida. Ella entró en una fuerte crisis en el año 2014 y se vino a vivir temporalmente a mi casa en Guadalajara para recibir tratamiento psiquiátrico. El médico le administró fuertes dosis de medicamentos para sacarla de dicha crisis de esquizofrenia, lo cual afortunadamente tuvo buenos resultados. Unos meses después, cuando se recuperó, decidió regresar a la casa de mi hermana, en la frontera norte, con quien vive permanentemente. Sin embargo, al irse de Guadalajara olvidó parte de sus medicinas, las cuales no puede dejar de tomar y se los mandé por paquetería poniendo mis datos reales, es decir, mi nombre y mi dirección". 

Entonces "empezó mi pesadilla, pues en el paquete iban 30 pastillas y un frasco de 2.5 mililitros de Clonazepam, que es una sustancia controlada, pero olvidé poner la receta. Esta cantidad de medicamentos no cubre ni un mes de tratamiento para el nivel de esquizofrenia como el que padece mi madre. Si se vendieran en el mercado negro esas pastillas se obtendría una ganancia de alrededor de mil pesos, lo cual muestra que es absurdo que yo quisiera traficar con ellas jugándome el riesgo de ir a la cárcel por esa cantidad". 

La Policía Federal confiscó el paquete "y me envió un citatorio para explicar la situación. Acudí (todavía confiada de que un olvido como ese no podría pasar a mayores) a la Agencia XI del Ministerio Público, a cargo del Lic. Rodrigo Toriz Sangeado, armada con el expediente de mi madre, copias de las recetas médicas y un documento firmado por el psiquiatra donde avalaba la enfermedad y las dosis administradas. El Agente del Ministerio Público no valoró las pruebas presentadas para explicar la razón principal del envío. Tampoco realizó una investigación seria sobre el caso, ni consideró el contexto en el que se mandaron los medicamentos". 

Por lo anterior, "fui acusada de Delitos contra la Salud en su modalidad de transporte. Yo, que sólo actué como una hija preocupada, enviando a mi madre sus medicamentos prescritos por su psiquiatra, ahora para la ley estoy considerada una narcotraficante". Desde ese momento "mi vida cambió radicalmente. En cualquier momento puedo pisar la cárcel, ya que por ser considerado un delito grave no permite la libertad mediante una fianza. Estoy alejada de toda mi familia, de mi casa, de mi trabajo, de mis amistades, de mi vida entera, todo porque el sistema judicial no quiere ver más allá del envío del paquete, sin tomar en cuenta la circunstancia por la que se hizo". 

El caso está ahora en las manos de los magistrados Adalberto Maldonado Trenado, José Alfredo Gutiérrez Barba y Mario Alberto Flores García. "Si no logro que el sistema judicial entienda mi contexto personal, familiar y profesional, seguiré siendo acusada de delitos contra la salud y corro el riesgo de ser detenida, juzgada y recibir una condena de hasta 25 años de prisión". 

Hasta esta tarde se han reunido más de 16 mil firmas, en espera de alcanzar las 25 mil que demanda el sistema. La profesional de la psicología lamenta la persecución en su contra cuando mucho de los verdaderos narcotraficantes están en las calles y provocan adicciones y asesinatos. Es que parece ser el mundo del señor K, donde los justos son condenados por un burocracia absurda e insensible. El agregado mexicano a esa pesadilla kafkiana es que, aquí, algunos maleantes son vistos como hombres de bien.