El Congreso de Michoacán aprobó en el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2018 que dentro de los servicios que presta la Procuraduría General de Justicia se cobren los estudios para que las mujeres puedan comprobar que fueron violentadas.

Cada mujer que haya sido violentada deberá pagar un certificado de violencia física, uno de violencia sicológica y un estudio de visita domiciliaria emitidos por la procuraduría estatal y por cada uno de ellos deberán pagar 472 pesos, de acuerdo con el dictamen aprobado ayer por el pleno.

La diputada del PT, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, criticó la aprobación y aseguró que en lugar de ayudar a las mujeres violentadas genera más discriminación e inhibe la posibilidad de que denuncien.

“Si la mujer va a ir a demandar y quiere que se le dé continuidad a su caso, tendrá que pagar alrededor de mil 500 pesos, cuando una de las cosas que nosotras hemos demandado de la violencia de género es el asunto de la opresión económica a la que se enfrentan las víctimas”, explicó la legisladora.

Fraga Gutiérrez consideró que los discursos de sus compañeros que votaron a favor de este cobro son incongruentes con sus actos, pues se han pronunciado a favor de acciones para eliminar la violencia de género y aprueban este tipo de limitaciones.

“El día de hoy se rehusaron a generar un presupuesto designado para la Alerta de Género declarada desde el 26 de junio del año 2016 en los 14 municipios que presentan esta contingencia”, acusó.

La legisladora recriminó que la negativa de sus compañeros de Legis-latura para asignar recursos a la Alerta de Género va a mantener a Michoacán sin un programa estatal, y mucho menos, dijo, un presupuesto que respalde las actividades para combatir y erradicar la violencia de género. “De ahí que el discurso y las acciones concretas no coinciden. El gobernador ha puntualizado en muchas ocasiones el apoyar y fortalecer el desarrollo de las michoacanas, pero no lo vemos así en un presupuesto donde están ausentes las mujeres”, expresó.

Fraga Gutiérrez lamentó que no se hayan escuchado las voces de los legisladores que apostaron a que para 2018 hubiera un presupuesto con perspectiva de género.

La diputada evidenció que a pesar de que han solicitado información a las instancias involucradas en la atención de mujeres violentadas y en la Alerta de Género, ésta ha sido muy vaga.

“En este tema no tenemos mayor continuidad, porque las autoridades se limitan a dar una información muy limitada, pero en sí, tenemos los índices más altos en la historia de Michoacán, en relación con la violencia de género”, sostuvo.

Información de El Universal