La Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán son algunas de las entidades federativas que van a enfrentar la desaceleración de la economía con cambios fiscales para el próximo año.
Algunos de estos estados van a incrementar la tasa de los impuestos vigentes, mientras que otros explorarán nuevos, con el fin de fortalecer sus ingresos propios.
Sin embargo, un impuesto nuevo es el que aparece como salvavidas para la mayoría de las haciendas públicas subnacionales, el cual servirá para sortear el panorama económico complejo. Se trata del de bebidas alcohólicas, cuya tasa va entre 4.5% y 5%.
También están optando por los llamados impuestos cedulares o estatales que gravan los ingresos que se obtienen por diversas actividades o goce de bienes.
Algunos están viendo como fuente de ingresos el cobro a plataformas digitales, a las que piensan sacarle provecho, sobre todo para aquellos con alta actividad turística.
Hace unos días, Oaxaca declinó de sus intenciones para realizar una reforma local impositiva, la cual pretendía incrementar los impuestos, argumentando que la dejaba para otra ocasión, con el objetivo de no afectar la economía de los habitantes de una de las entidades más pobres del país.
A inicios de diciembre, el gobierno oaxaqueño había presentado al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Hacienda para crear nuevos impuestos.
Quería aumentar de 3% a 6% el Impuesto sobre la prestación de Servicios de Hospedaje (ISH), además de crear tres nuevos para cobrar el ejercicio de las profesiones, 4.5% sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico y un gravamen sobre la extracción de materiales de remediación ambiental.
Con estas propuestas, el estado estimaba recaudar aproximadamente 332.4 millones de pesos.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó la aplicación para el próximo año de un impuesto de 4.5% a las bebidas alcohólicas, esto con el fin de desincentivar su consumo y evitar accidentes de tránsito. Se excluye a las cervezas, aguamiel y pulque.
También se avaló un impuesto de 10% para los juegos y las apuestas, plan que incluye loterías, rifas y sorteos, con el propósito de combatir la ludopatía.
Para evitar la evasión a través de la tenencia vehicular, se plantea un esquema de cobro de 3% sobre el total de autos con valor factura mayor a 250 mil pesos y a motocicletas.
Como parte de su paquete económico 2020, Guanajuato está considerando aumentar la tasa de impuestos cedulares, de 2% a 5%. Para los servicios de hospedaje plantea un alza a 4% desde 2% vigente.
Respecto a los nuevos impuestos, quiere cobrar una tasa de 5% por la enajenación de bienes inmuebles, así como por la venta final de bebidas alcohólicas, en cada caso.
El impuesto sobre nómina queda igual, con 2.30%, lo mismo que para la tenencia y la adquisición de vehículos, con 2%, así como para las loterías, con 6%.
En Michoacán también se están alineando para cobrar impuestos cedulares por la prestación de servicios profesionales y por actividades empresariales durante el próximo año.
Además, el gobierno estatal le apuesta a los impuestos ecológicos para gravar el depósito y almacenamiento de la basura, por extracción de materiales, por emisión de gases a la atmósfera, y de contaminantes al suelo, subsuelo y agua.
Los poblanos. En Puebla, el presupuesto 2020 que se presentó al Congreso local contiene como fuente de ingresos aumentar de 0% a 6% el Impuesto Sobre la Nómina (ISN).
Otra alternativa es que los poblanos paguen un gravamen de 3% por juegos de apuestas. Las plataformas de hospedaje como Airbnb deberán contribuir con un tributo establecido entre 2.5% y 3%.
Para enfrentar las menores participaciones federales, el gobierno de Aguascalientes propuso una actualización de impuestos como medida temporal.
El Congreso local aprobó la iniciativa para modificar la tasa del Impuesto Sobre Nómina, de 2% a 2.5% que se aplicará únicamente por dos años, es decir, para los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
De acuerdo con el dictamen aprobado por los diputados locales, ese nivel regresará a 2% para 2022.
Los recursos provenientes de este gravamen se van a etiquetar para que tengan un destino específico hacia seguridad pública y para los fondos de apoyo a emprendedores, con una inversión de 262 millones de pesos.
Publicado por:NOTICIAS DE YUCATÁN
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