Más de un año de quejas contra Peña por corrupción ¡pero no le hacen nada!

El gobierno de AMLO ha dicho “fuchi caca” a los corruptos ¿Es todo?

En reciente nota de El Universal de informa que en el gobierno de Peña desviaron $1,779 millones del aeropuerto con empresas fantasma

Agrega que durante tres años se acordaron 117 contratos a 45 proveedores que no existieron, asignados por adjudicación directa e invitación a tres personas.

Datos filtrados por el gobierno de AMLO. ¡Vaya gran corrupción! ¿Acaso no son suficientes para iniciar procesos legales y administrativos contra el ex presidente priista?

Desde luego que sí, son acusaciones sumamente graves como el hecho de que asegura el gobierno actual que Peña Nieto dio miles de pensiones a gente fallecida. 

Todo le hecha la culpa a los gobiernos anteriores, pero no ha hecho absolutamente nada contra los que, dice el propio AMLO, son corruptos. La única acción conocida es contra Rosario Robles Berlanga, vista por muchos analistas como un “chivo expiatorio”. ¿Es suficiente? No. El verdadero artífice y responsable de la terrible corrupción fue Peña Nieto.

Sin embargo, en abierta contradicción de decir que el combate a la corrupción abiertamente ha dicho que no procederá contra Peña Nieto. Entonces ¿Qué caso tiene que siga filtrando o hablando de la mega corrupción de Peña Nieto? ¿Sólo circo? 

Como anticipamos, el gobierno de AMLO se iría duro contra Peña Nieto para tratar de desviar la atención sobre los feminicidios y ser nuevamente el amo y señor de la agenda pública. Aun no lo logra. De su mal llamada "rifa" ya nadie habla desde hace varios días. 

Aquí la nota en la que nuevamente se acusa a Peña Nieto:  

Durante la construcción de la barda perimetral y la ejecución de obras pluviales en el cancelado aeropuerto de Texcoco, proyecto emblema del expresidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató a 45 empresas fantasma que recibieron mil 778.8 millones de pesos para proveer bienes e insumos.

En 2015, 2016 y 2017, durante la construcción del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Sedena firmó convenios con el grupo aeroportuario de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por administración directa, un modelo previsto en la ley de obras que permite a las dependencias realizar trabajos entre ellas sin recurrir a procesos de licitación con particulares.

Tras la firma de los acuerdos, la Sedena asumió la responsabilidad de los trabajos asignados y para cumplirlos tuvo que contratar a cientos de empresas privadas para que le ayudaran.

Estos contratos la Sedena los asignó por adjudicación directa e invitación a tres personas (físicas o morales), argumentando que si optaba por la licitación pública no le sería posible obtener los bienes o servicios en el tiempo marcado para la construcción.

En otros casos explicó que, al tratarse de adquisiciones con fines exclusivamente militares, su contratación mediante licitación pondría en riesgo la seguridad nacional.

El modelo de contratación por administración directa utilizado en el NAIM es el mismo que la Sedena usó en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para realizar 851 obras.

Los antecedentes de la Sedena en la ejecución de obra pública bajo este modelo no han sido los mejores. EL UNIVERSAL documentó en diciembre pasado, con el reportaje Obras públicas, el oscuro negocio de la Sedena, que los proyectos se caracterizaron por la opacidad y el uso de empresas fantasma.

Empresas fachada

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a 284 contratos que la Sedena entregó vía ley de transparencia, se encontró que 117 de ellos fueron asignados a 45 empresas que comparten una serie de irregularidades.

En 13 de las compañías contratadas los supuestos dueños son prestanombres que trabajan de veladores, albañiles, estilistas, policías o son beneficiarios de programas de subsidios al campo, vivienda o educación.

En Aradam Construcciones, una empresa que recibió cerca de un millón de pesos por suministrar concreto para la construcción de la barda perimetral en el NAIM, uno de los accionistas es Efrén Sánchez Garibay, un policía de Chiapas. Cuando se firmó el contrato, Sánchez Garibay ganaba 6 mil 172 pesos mensuales como policía raso en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y informó que no poseía bienes inmuebles, empresas, coches o joyas, según su declaración patrimonial. Se corroboró que se trataba de la misma persona al cotejar el RFC presentado en su declaración con los datos en el acta constitutiva de la empresa.

También asentó que su único ingreso es el de policía y que no tiene cuentas bancarias ni remuneraciones extras por actividad comercial o industrial ni por arrendamientos.

La Constructora Osercy es otra empresa conformada por prestanombres. Los tres socios que la fundaron en 2016 lo único que hicieron antes fue dar sus datos al registrarse en un programa de becas y de subsidios al campo.

Uno de los socios, que dio su testimonio a cambio de no revelar su nombre, dijo que a él le pidieron su firma en unos documentos y copia de su credencial de elector a cambio de inscribirlo en un programa de Sagarpa.

“Una señora que trabajaba para las campañas políticas en la colonia donde vivo fue la que me contactó, yo firmé varios documentos, pero nunca volví a saber nada del apoyo [de Sagarpa]”, aseguró el hombre vía telefónica.

Otro socio de Osercy es Pedro Chale Yam, quien también se inscribió en 2012 en Procampo y le otorgaron un subsidio de mil pesos. En el acta constitutiva de la empresa, él refirió ante el notario que era albañil y vivía en una pequeña localidad de Yucatán.

Fichadas por Hacienda

Hay ocho empresas que están en los listados negros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por haber simulado operaciones, tener adeudos fiscales o porque no fueron localizadas en sus domicilios.

Soluciones Empresariales Santori, por ejemplo, después de haber prestado servicios a la Sedena en el NAIM, fue señalada como contribuyente que emitió comprobantes fiscales que ampararon operaciones inexistentes, mejor conocidas como empresas fantasma.

Esta compañía parece haber sido constituida expresamente para los servicios que prestó en Texcoco, ya que se fundó el 22 de febrero de 2016 y siete meses después recibió el primero de cinco contratos que se le asignarían por un total de 45.2 millones de pesos. Santori firmó su último contrato con la Defensa Nacional el 22 de febrero de 2017 y seis meses después los dueños tomaron la decisión de disolver la sociedad. Además, durante los trabajos en el cancelado aeropuerto, la compañía vendió material eléctrico cuando su objeto social era la asesoría financiera, la asistencia contable y la consultoría fiscal.

Hay otras seis empresas como Santori, que fueron contratadas para proveer de material de construcción, pero que en el papel tenían un objeto social distinto al servicio que prestaron, como el de consultoría o administración, según las actas constitutivas revisadas en el Registro Público del Comercio.

Modesta Martínez Martínez vendió cerca de 1.3 millones de pesos en madera a la Defensa Nacional. El último contrato por adjudicación directa lo firmó el 2 de marzo de 2016 y 16 meses después fue exhibida por el SAT como contribuyente no localizado.

Al acudir al domicilio fiscal que reportó en la calle 31 Sur en la ciudad de Puebla, no se localizó ningún negocio de madera, sino un puesto de jugos. La comerciante que atiende dijo que no conocía a Modesta y que ya han ido a llevarle requerimientos de Hacienda.

“Este es mi negocio y yo no sé nada. Yo sólo rento y no hay nada de maderas, no sé a qué vienen a buscar, ya vinieron como cuatro veces a buscar a esa persona y esto ya es imposible”, dijo en tono molesto.

Además de las empresas con incumplimientos fiscales, hay otras tres que han sido sancionadas por una autoridad fiscalizadora por servicios prestados con otras dependencias. Una de ellas fue Comercializadora de Bienes y Productos Real Cantera, que en 2017 recibió una observación del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca porque un Ayuntamiento le giró 15 pagos indebidos por una obra de la que no había constancia de que se hubiese realizado.

Tras revisar las actas constitutivas de las empresas, se encontró que 14 de ellas fueron creadas exprofeso para las obras y carecían de experiencia como proveedoras de insumos de construcción, mientras que otras cinco compañías ni siquiera contaban con registro ante la Secretaría de Economía.

Grupo Otermo fue constituida el 8 de febrero de 2017 y cuatro meses después firmó el primer contrato con la dependencia militar, pese a no haber estado inscrita en el padrón de proveedores de la Sedena. Tampoco tenía antecedentes de haber sido proveedora en Chiapas, donde se constituyó, ni en otros gobiernos estatales o el federal.

Sus socios no parecen ser prominentes empresarios o comerciantes, ya que viven en barrios con calles sin pavimentar y en casas a medio construir, con paredes deterioradas, despintadas o sin ventanas.

Además, dos de ellos, Belizario Zenteno Gómez y Christian Willian Victoria, aparecen como beneficiarios de programas sociales del gobierno federal. El primero en el padrón de Prospera en 2016 y el segundo en un padrón del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) de 2017.

Operan en red

Al revisar los antecedentes notariales de las empresas contratadas se encontraron coincidencias en varias de ellas, como mismos accionistas, apoderados, delegados, administradores, notarios, fecha de constitución, dirección fiscal y teléfono.

Por ejemplo, el 6 de marzo de 2015 se constituyó la compañía Especialistas en obras Valle Esmeralda y tres días después se creó Especialistas en obras civiles y proyectos arquitectónicos Lucana y Maquinaria Constructiva y Materiales Pétreos Monteolivo.

Las tres se constituyeron ante el mismo notario en Oaxaca y con una duración de 10 años, según las actas consultadas. Además dos de ellas, Valle Esmeralda y Lucana, proporcionaron el mismo teléfono de contacto.

Alejandro Cervera Gallegos es accionista de las tres compañías, mientras que Nallely Jazmín Cruz fundó Valle Esmeralda y Lucana, y Evaristo Rafael León es socio fundador de Lucana y Monteolivo.

Constructora 4 Príncipes y Camino Real del Valle son dos empresas fantasma que ya habían sido exhibidas por Aristegui Noticias en marzo de 2018 al documentar que dos de sus socios ni siquiera sabían que eran parte de las compañías constituidas en Puebla.

 

Ambas empresas se crearon el 2 de octubre de 2014 ante el mismo notario y recibieron 31.8 millones de pesos a través de seis contratos por “suministro y colocación de riego de impregnación” y “arrendamiento de maquinaria”.

En los contratos con la Sedena reportaron como domicilio fiscal el número 201 de la calle Vicente Guerrero, entre Nicolás Bravo y Aldama, en la colonia Concepción de Guadalupe, en la capital de Puebla.

Sin embargo, al buscar el domicilio fiscal se encontró que la dirección es inexistente. En el tramo reportado de la calle Vicente Guerrero la numeración exterior va del 6170 al 6199 y la colonia en ese sector es El Patrimonio.

Proyectos prioritarios

Como se ha documentado, la Sedena se convirtió en una secretaría nodal de proyectos prioritarios y al mismo tiempo es una dependencia que no está acostumbrada a la transparencia, opinó Fernando Nieto Morales, investigador del Colegio de México.

“Hay un aumento de las responsabilidades de la Sedena y sí debería de ocuparnos llevarlos a cuentas . El problema es que no está acostumbrada a la transparencia”, dijo el experto.

Lo preferible, señaló, es que el gobierno recurriera a otro tipo de dependencias que sí están acostumbradas a la transparencia para encargarle obras civiles y que a la Sedena únicamente le encomendara obras estrictamente de seguridad nacional.

 “Aunque esto es una paradoja porque mucha gente en este país confía mucho en el Ejército porque se cree que hay una cadena de mando y que las órdenes se cumplen, y que esto permite que las acciones sean más efectivas”, dijo.

Para este reportaje se buscó a la Secretaría de la Defensa Nacional semanas antes de la publicación, a fin de saber si sus órganos internos de control tenían conocimiento de contrataciones irregulares en el NAIM y si habían tomado medidas al respecto, pero la dependencia argumentó que las acciones correctivas las imponía la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que no estaba al tanto de ellas.

Publicado por:NOTICIAS DE YUCATÁN