Unos 200 integrantes de diversas agrupaciones civiles protestaron contra el Congreso local por la aprobación de cuatro perfiles de abogados como propuestas para a nuevo fiscal del estado. Esto, debido a que los relacionan con el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, actualmente acusado por la Fiscalía Anticorrupción de otorgar estímulos indebidos por tres mil 600 millones de pesos a la armadora automotriz coreana Kia Motors.

Manifestantes, encabezados por Gilberto Lozano, dirigente del Congreso Nacional Ciudadano, arrojaron jitomates contra una manta que colocaron sobre un muro que contiene las fotografías de los 42 legisladores locales y del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, donde aparece la leyenda “Alí Babá y los 42 ladrones”.

Cuestionaron la candidatura de los aspirantes a la Fiscalía, que fueron apoyados por todas las bancadas del Congreso, debido a que dos de ellos trabajaron en el gabinete de Rodrigo Medina: Pedro José Arce Jardón, como subprocurador de Ministerios Públicos, y Guadalupe Saldaña Vargas, como director de la Agencia Estatal de Investigaciones. En tanto que Javier Garza es hermano del ex procurador medinista, Alejandro Garza y Garza, y Gustavo Adolfo Guerrero fue presidente del Tribunal Superior de Justicia en coincidencia con los dos últimos años del gobierno encabezado por el ex mandatario estatal.

Asimismo, acudieron a protestar vecinos de García, encabezados por Arturo Ruiz, y activistas, encabezados por Argelia Montes, líder de la agrupación Tribuna de Vigilancia Ciudadana, quien declinó a sus aspiraciones de ser candidata independiente por el municipio de Monterrey.

El pasado 28 de febrero los legisladores votaron porque los mencionados profesionistas fueran propuestos al titular interino del ejecutivo estatal, Manuel González Flores, para que de ellos seleccione una terna que remitirá al Congreso, a fin de que los diputados elijan al nuevo Fiscal General.

Al respecto, González Flores pidió a los diputados rectificar escuchando la voz de la ciudadanía y alertó que ellos mismos van a designar al fiscal especializado en asuntos electorales que se encargará de perseguir los delitos que se cometan con la relación a la contienda electoral del próximo 1 de julio.