La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dirigió una misiva al Senado de la República para que detenga la minuta del proyecto del decreto de la Ley de General de Comunicación Social, la llamada #LeyChayote, pues después de un análisis considera que no va acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y de ser aprobada podría afectar el goce de la libertad de expresión en México.

Explica que la ley tendría el efecto de reforzar al status quo en que se encuentra actualmente la gestión de publicidad oficial, perdiendo la oportunidad de establecer reformas en la materia.

Destaca que el Senado debe considerar un espacio de consulta “adecuada y genuina con la sociedad civil”, que hasta el día de hoy, detalla, no han sucedido. Además, indica que el proyecto debe ser inclusivo y recoger diversas opiniones representativas de los diferentes actores de la sociedad que tengan interés en la regulación de la publicidad gubernamental.

La ONU realizó seis observaciones sobre la minuta presentados a continuación:

1. El organismo considera que la minuta no regula de forma clara y precisa el sistema en torno a la asignación y contratación de la publicidad gubernamental, dejando espacio para discrecionalidad al dar libertad a ejercicio político y la arbitrariedad.

“La centralización del ejercicio presupuestario (…) propicia el uso discrecional y excesivo de la asignación y contratación de la publicidad oficial con fines ajenos a la utilidad pública”.

2. El Alto Comisionado de la ONU estima que la ley no establece ningún mecanismo para controlar el gasto actual de ésta, dice que los gastos en el ramo quedan a consideración de las autoridades ejecutivas, lo cual “mantendría el sistema de discrecionalidad en el gasto”, y no prevendría actos de corrupción o desvíos con el uso de los recursos.

3. La ONU señala que la ley debe incorporar “el principio de no discriminación en el uso de los fondos públicos”, y explica que de acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión interamericana de Derechos Humanos cuando para la repartición de recursos se toman en cuenta las opiniones difundidas por los medios de comunicación o la afinidad política, podría considerarse discriminación y posible censura.

4. Se beberá considerara al público objetivo de la campaña debido a que “la población tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del Estado”, por lo que la Minuta omite los criterios para identificar si la publicidad informa de manera efectiva y si la información es de interés, apuntó.

5. Respecto a las sanciones, la Organización señaló que en la Minuta se establecen en una definición muy amplia sin definir sanciones claras que además quedan en manos de los superiores jerárquicos determinar si una queja procede o no lo que “no da las garantias adecuadas para que haya investigaciones o sanciones sobre las infracciones a la ley”.

6. Expresa que que los Estados “deben establecer mecanismos de control externo de monitoreo de la asignación de publicidad oficial” porque en la propuesta las contralorías dependen del poder ejecutivo lo que cuestiona su autonomía.

La misiva fue dirigida al presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Javier Cordero Arroyo, y a los senadores: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Manuel Bartlett Díaz, Luis Sánchez Jiménez, Carlos Alberto Puente Salas, Miguel Romo Medina y Hector David Flores Ávalos, integrantes de la junta de coordinación jurídica.

El presidente de la Comisión de Radio , Televisión y Cinematografía, Zoé Robledo Aburto, y a Laura Guadalupe Herrera Guajardo, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.

#LEYCHAYOTE

De acuerdo con organizaciones como Fundar o Artículo 19, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha entregado miles de millones de pesos sobre todo a 20 grandes medios sobre los que ejerce control. Ahora, esta iniciativa enfatizaría ése control. Y esto sucede en plena jornada electoral, cuando México decide al próximo Presidente de la República.

El colectivo #MediosLibres acusó que el dictamen no atiende problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.

De acuerdo con la organización Fundar, los diez medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de Publicidad Oficial durante el Gobierno Peña Nieto hasta 2017 son: Televisa con 6 mil 680 millones de pesos, Estudios Azteca ha obtenido 3 mil 939 millones, Starcom Worldwide (EU) mil 298 millones de pesos, Estudios Churrusco Azteca rebió mil 270 millones, Grupo Fórmula mil 045 millones, El Universal mil 007 millones, Excélsior, 989 millones 969 mil pesos; Starcom Worldwide (México) ha recibido 815 millones 811 mil pesos; OEM 802 millones 351 mil y SPR del Estado Mexicano 693 millones 344 mil.

El colectivo indica que la ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación. Sin Embargo