Más de 30 comunidades Mayas de los estados de Campeche, Quintana roo y Yucatán se unieron con el fin de crear un frente en contra de las violaciones a sus derechos humanos, la discriminación y la falta de participación al tomar decisiones sobre sus territorios y comunidades. Ahora buscan crear un plan de desarrollo que camine junto a su forma de vida, sea sustentable y vea por la futuras generaciones.

Representantes de estas comunidades rechazaron, durante una rueda de prensa, la imposición de los gobiernos federal y estatal que promueven proyectos como las eólicas, los transgénicos y parques solares, entre otros.

Explicaron que en septiembre de este año lograron que se detuviera la siembra de la soya transgénica de la empresa Monsanto. Detallan que el organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), llamado Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), logró revocar el persmiso que acreditaba la siembra comercial de la soya en siete entidades del país por no existir “certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla”.

Los representantes de las comunidades informaron que a 5 años de la aplicación del permiso, las múltiples denuncias de las comunidades afectadas y organizaciones civiles ambientalistas y de derechos humanos lograron presión para que SENASICA actuara contra Monsanto.

Recalcaron que este caso amerita un sanción administrativa y exigieron una investigación que llegue hasta la s últimas consecuencias. Foto: Martín Zetina, Cuartoscuro

Sin embargo, denunciaron, aunque haya conseguido la revocación a Monsanto como “un avance importante y el resultado de la lucha de las comunidades por la defensa de su territorio”, es necesario seguir la lucha, pues la sentencia no en definitiva.

“Aún y cuando el permiso ya no esté vigente, productores, centros de distribución y empresas procesadoras de oleaginosas continúan sembrando, vendiendo y comprando esta soya. La revocación en sí presenta un primer paso para detener el tráfico ilegal de esta semilla y las afectaciones a la biodiversidad de la selva maya y al patrimonio biocultural del pueblo Maya”, informaron.

Recalcaron que este caso amerita un sanción administrativa y exigieron una investigación que llegue hasta la cadena de distribución de las semillas de soya transgénica la cual se sembró en 2016, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión temporal del cultivo en la región Poniente de Bacalar en Quintana Roo como en el estado de Campeche.

Finalmente recordaron que aún queda pendiente todo el proceso de reparación por los daños causados al patrimonio de las comunidades mayas afectadas por la siembra de soya transgénica, así como los daños ambientales que el Gobierno necesita restituir toda la pérdida biocultural que se ha generado por Monsanto.

“Las comunidades mayas insistimos en que es obligación de todos los órganos e instancias del Estado mexicano hacer efectivos los derechos que como pueblo originario tenemos a decidir en nuestros territorios, a vivir en un ambiente sano, a la salud, nuestra autonomía y libre determinación. En razón de lo anterior exigimos el establecimiento inmediato de la Zona Libre de Transgénicos para toda la península de Yucatán y al poder legislativo que se ocupe de impulsar leyes que protejan al medio ambiente”, sostienen.

Información de Sin Embargo