La Fiscalía mexicana dio el miércoles un nuevo y osado paso en su intento por generar sospechas en torno a la candidatura de Ricardo Anaya, de Por México al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), publica El País.

La Procuraduría General de la República (PGR) irrumpió de lleno en la campaña al publicar un vídeo filmado en el vestíbulo de una oficina de la institución el domingo 25 de febrero. En las imágenes, Anaya, el segundo lugar en los sondeos rumbo a las presidenciales del 1 de julio, se negó a rendir en ese momento una declaración en un caso de supuesto lavado de dinero que lo involucra tangencialmente. El político dice estar ahí solamente para entregar un escrito dirigido al encargado de la Fiscalía. La divulgación del vídeo ha sido repudiada en México por la utilización del órgano de justicia para golpear rivales. El Frente dijo en un comunicado que la dependencia era la “oficina de guerra sucia del PRI en contra de sus opositores”.

“Es denigrante ver a la PGR convertida en oficina de propaganda política, tratando de rescatar la campaña en ruinas del candidato del PRI, José Antonio Meade”, indicó la alianza de los tres partidos, que busca remontar posiciones en los sondeos liderados por Andrés Manuel López Obrador, el aspirante presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La PGR justificó la publicación en YouTube del video de once minutos de duración. La Fiscalía explicó en un breve texto que hizo pública la grabación del 25 de febrero por el “interés público mostrado por los medios de comunicación respecto a lo que aconteció”. También agregó que al difundirlo en la red social no se vulneran los derechos ni la presunción de inocencia.

Anaya acudió ese día a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para entregar un documento dirigido al encargado de la Fiscalía, Arturo Elías Beltrán, que ocupa temporalmente el despacho desde la renuncia del procurador Raúl Cervantes, en octubre de 2017. El candidato del Frente solicitó información por la investigación de la Fiscalía por la compra de una nave industrial propiedad de su familia en su estado natal, Querétaro. La transacción se habría hecho con recursos triangulados en una red de lavado de dinero que involucran al empresario Manuel Barreiro, un conocido de Anaya. “Tengo el derecho a no ser difamado, exijo que con la misma rapidez y sin pretexto alguno informen si después de cinco meses encontraron algún dato que pruebe alguna conducta indebida de mi parte”, dijo Anaya el domingo en un improvisado y minúsculo mitin.

Anaya entró a las oficinas entre aplausos de sus simpatizantes y gritos de “¡no estás solo, no estás solo!”. Con él ingresaron el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández; el presidente de su partido, Damián Zepeda; el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel y el presidente del PRD, Manuel Granados.

El vídeo muestra al grupo de hombres en el recibidor del edificio. Una funcionaria los atiende y pregunta cómo puede servirlos. Anaya solicita que le reciban los folios del documento que lleva. La mujer explica que el escrito está dirigido al procurador mientras que esas son, en realidad, otras oficinas.

-“A ellos les conviene decir que no lo recibieron”, dice a Anaya el excandidato presidencial de 1994, Diego Fernández de Ceballos.

La espera es interrumpida por un hombre que entra corriendo por los arcos detectores de metales. Se presenta ante los políticos. “Soy el titular de la Unidad Antilavado”, dice Mauro Fernando Rodríguez. “Si gusta rendir declaración se la tomamos en este momento, sin problema”, dice el funcionario a Anaya después de tenderle la mano.

-“Con que nos reciban el escrito es suficiente, se lo agradezco”, le responde el candidato presidencial.

Fernández, un abogado litigante de larga experiencia, toma el control del intercambio y responde al funcionario. “El escrito va dirigido al procurador… ya después para cualquier citación habrá tiempo… Ahí viene el domicilio, para no negarnos a cualquier cuestión que requiera la procuraduría, para no dar a la SEIDO lo que quizá corresponde a otra procuraduría”, dice el excandidato.

Esta es la nuez de la discusión. Horas después del intercambio, la Procuraduría hizo pública una versión que asegura que Anaya se negó a rendir declaración en el caso de supuesto lavado de dinero. El candidato presidencial rechazó esta versión. La PGR pretende desmentirlo a su vez con la publicación del video. Durante un momento de la grabación, y después de haber sido invitado a declarar, Anaya murmura por por lo bajini “hijo de puta” sin saber si su escrito sería recibido.

La grabación pretende sembrar más dudas del papel de Anaya en la supuesta trama de lavado de dinero. Pero la reacción generada por el vídeo, casi de forma unánime, fue de repudio por la manipulación política de las instituciones. “El encargado de la Procuraduría está como un vil empleado del Secretario de Gobernación (Interior). Le pido a [secretario de Gobernación] Navarrete Prida que saque las manos del proceso electoral”, dijo Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, uno de los pilares del Frente. El dirigente anunció que su organización ha roto cualquier relación con su institución y con el Gobierno.

El ministerio de Gobernación rechazó las acusaciones la mañana del jueves y afirmó en una conferencia de prensa que no está involucrado en el proceso electoral. "Si alguien pretende trasladar algo que tiene que ver con pruebas a algo que tiene que ver con votos, se generan distorsiones", dijo Navarrete. Elías Beltrán también aprovechó la comparecencia para justificar nuevamente el vídeo. "Se hizo un análisis jurídico de que esta publicación, con toda la transparencia, no violenta la privacidad de las personas que están en el video", agregó el encargado del despacho.

Algunos analistas aprovecharon este episodio para exigir a la Fiscalía celeridad en otros casos que no han sido tratados con la misma urgencia dedicada a la investigación que apunta Anaya. Entre ellos los desvíos multimillonarios de recursos a través de dependencias federales y las pesquisas contra funcionarios mexicanos que recibieron sobornos de la trama Odebrecht. Estas últimas están listas, afirmó el exprocurador Cervantes el día de su renuncia. Nada ha sucedido aún cuatro meses después.