Rosa Elena Bonilla de Lobo, la ex primera dama de Honduras luce triste. Se vio desencajada cuando llegó a la audiencia en los juzgados de Corrupción en Tegucigalpa a principios de mes. Estaba esposada de manos y pies. La mujer de carácter fuerte, decidida y mirada penetrante, estaba diferente. Se mostró indefensa, cabizbaja y muda. La seguridad que la protegía cuando era Primera Dama, ahora es la que la cuida, pero del enjambre de periodistas que buscan tomarle una foto o un video.

Ella pasó del poder a enfrentar la justicia. Por primera vez en la historia de ese país centroamericano, la esposa de un expresidente es acusada y se le señala como el cerebro de una red de lavado que se formó dentro del despacho presidencial en el período del año 2011 al 2014 y que drenó recursos del Estado, entre ellos fondos del Gobierno de China y Taiwán.

Tras ser detenida el pasado 28 de febrero, ‘Rosita’, como siempre la ha llamado su esposo, el expresidente Porfirio Lobo, dejó la comodidad de la mansión que habitó por 25 años en la zona de El Chimbo, en Santa Lucía, a 15 kilómetros de Tegucigalpa. Un circuito exclusivo frente a una vista panorámica hacia las montañas donde vivía rodeada de guardaespaldas, servidumbre y cuatro carros de lujo último modelo a su servicio. Ella se costeó, según las investigaciones del Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción, pagos de cirugías estéticas y joyas, entre otros.

Bonilla lo tenía todo: 13 propiedades en Honduras, donde destacan residencias, condominios y terrenos, así como dos casas en Miami (Florida), una de ellas ubicada en una zona exclusiva de Key Biscayne, que según su apoderado legal Julio César Ramírez, los adquirió de la venta de dos apartamentos en Nueva Orleans.

El poder que tenía Bonilla lo conquistó desde que su esposo se convirtió en presidente del Congreso Nacional, un cargo que ocupó antes de ser elegido como presidente de la República. Lejos estaba de imaginar que le tocaría enfrentar la justicia. Por aquel entonces, la experiencia le mostraba que podía sentirse segura y confiada de que cualquier acusación en su contra se desvanecería. Siempre que su nombre estaba cuestionado, amenazaba y querellaba a periodistas o personas que la mencionaban por irregularidades en su gestión.

Desde que llegó el 27 de enero del 2010 al cargo como primera dama, Bonilla ejecutó proyectos con el Programa de Asignación Familiar (Praf) y el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), con los que apoyó a la niñez con mochilas, zapatos y ayudas a personas y comunidades. Pero, según la acusación en su contra, desvió parte de esos fondos a una cuenta personal antes de que su marido dejara la presidencia.

Desde que se le decretó la detención judicial, Bonilla está confinada en una celda de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), ubicada en Támara, en el departamento de Francisco Morazán, a unos 20 kilómetros de Tegucigalpa y alejada del resto de presas en la cárcel. Es un pequeño cuarto en una zona que las mismas reclusas llaman VIP. En ese espacio solo la acompaña una exjuez nacional que está acusada por abuso de autoridad y prevaricato.

El abogado defensor de la exprimera dama asegura que ella en estos momentos lo que resiente de estar en prisión es la ausencia de sus hijos, pero que superará esta prueba: “Rosa Elena es una mujer fuerte, valiente. Una mujer que sólo lamenta el daño que se le hace a su imagen, a su persona y sus hijos. Ella sabe que tiene que enfrentar esto. Como abogado soy de esos que quiere que sus clientes estén en la audiencia. Ella presenció toda la audiencia, presenció todo lo que pasó, que con la misma prueba del Ministerio Público desvirtuamos todas las acusaciones”, expresó Julio César Ramírez Mejía.

Para el abogado lo que ocurre con Bonilla es una injusticia que sólo responde a una presión que exige a alguien preso por corrupción. “La querían presa para justificar la presión que existe en Honduras en el combate a la corrupción. Pero se le está haciendo daño a una persona inocente, es una gran injusticia” dijo Ramírez.

Las investigaciones contra Rosa Elena Bonilla de Lobo iniciaron desde el 2016, cuando el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó la primera denuncia contra ella, meses después a través de dos líneas de investigación y un informe que presentó al Ministerio Público, se generó la investigación que realizó ese organismo a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción (Ufecic), junto con la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (Maccih), por el desvío de 16 millones de lempiras, unos 600 mil dólares.