El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se ha convertido en un castigo a la formalidad por ser elevado e ineficiente, por tal razón y frente a la aprobación del Paquete Económico 2018, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propondrá que 15.5 millones de trabajadores dejen de pagarlo de su salarios.

Actualmente, este impuesto se come mil pesos mensuales del salario bruto de los trabajadores y ha afectado seriamente al poder adquisitivo al no estar ajustado a la inflación. En los últimos 10 años, el ISR pasó de 7.7 a 10 por ciento por la inflación, mientras los salarios se mantienen.

La tasa de ISR en el país se ubica en 9 por ciento y es la más alta de la región, que en varios países se ubica en cero. Incluso desde 2016, 14 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujeron el impuesto al trabajo, sin embargo, México tiene la legislación en materia sin reformarse desde 2008.

“El ISR es alto e ineficiente y en consecuencia la informalidad se vuelve opción. El 70 por ciento de los hogares más pobres es el que contribuye con el 8 por ciento del ISR total”, comentó Ana Martínez, consultora y una de las realizadoras de la propuesta.

Agregó que este impuesto se convirtió en un castigo a la formalidad y afecta a los que menos ganan.

La propuesta del IMCO busca que los que ganan menos de 10 mil 200 pesos no paguen las cuotas fijas de ingreso.

Serían 15.5 millones de trabajadores beneficiados, es decir, el 74 por ciento de la fuerza laboral formal del país. Les significaría un ahorro de 950 pesos mensuales u 11 mil 400 pesos anuales, casi un aguinaldo extra.

A nivel nacional, serían 73.5 mil millones de pesos que servirían para la reactivación del mercado interno.

“Es una reforma fiscal al revés. El gobierno siempre busca espacios para recaudar más impuestos pero ahora es ver cómo dejarle dinero a las familias. La pobreza se combate así: aumenta el consumo y por lo tanto, hay más crecimiento económico”, señaló Juan Pardinas, director del IMCO.

Esta “reducción” fiscal afectaría poco, ya que de acuerdo con los cálculos de IMCO, Hacienda en los últimos años tuvo 170 mil millones de pesos extra en la recaudación y aún con la propuesta, les seguirían quedando 100 mil millones de pesos.

“Les quedan 100 mil millones de pesos y aún con eso pueden pagar la reconstrucción del sismo, seguir con sus frivolidades; no hay afectaciones al quitar el ISR a esos trabajadores. Las reformas fiscales no solo son para beneficiar al gobierno o gobernadores, sino a familias que están en el umbral de la clase media”, agregó Pardinas.

En septiembre pasado, la organización México, ¿Cómo Vamos? destacó que, a nivel estatal, el ingreso laboral mensual más alto durante el segundo trimestre de este año fue en Baja California Sur con 2 mil 989 pesos por persona; la Ciudad de México con 2 mil 550 pesos; y Chihuahua con 2 mil 377 pesos. En contraste, los tres estados con el menor ingreso laboral per cápita fueron tres estados del sur: Guerrero, con 983 pesos por persona; Oaxaca con 938 pesos por persona; y Chiapas, cuya población tuvo un ingreso de 898 pesos por persona.

Este año, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó un aumento en el salario mínimo de siete pesos, por lo que pasó de 73.04 a 80.04 pesos. Sin embargo, organizaciones civiles coincidieron en que hay que retomar el compromiso y continuar la recuperación gradual del salario mínimo.

De acuerdo con un informe publicado en abril, México se ubicó en el último lugar de los 35 países que integran la OCDE, donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016.

Los trabajadores mexicanos ganan menos que los de Chile, donde se paga en promedio 20.51 dólares, Letonia, (25. 38) y Eslovaquia 29.9, revela un informe publicado por la OCDE.

Además, un informe difundido por el Observatorio de Pobreza y Desigualdad de las Universidades Jesuitas de América Latina detalló que el salario mínimo de México es cinco veces menor de lo que debería ser para que una familia se ubique por arriba de bienestar mínimo y en consecuencia, sólo el 21 por ciento puede comprar la canasta básica, incluido ahí el 10 por ciento de la población con mayores ingresos.

El 79 por ciento no puede acceder a ella, a pesar del aumento de 7 pesos al salario mínimo decretado a finales de 2016.