Insabi gasta casi $8 millones de pesos para comprar “cachitos”

En julio solicitó más recursos por $198.1 millones de pesos para equipo médico

En medio de la crisis económica y sanitaria causadas por el COVID-19, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) -creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras desaparecer al Seguro Popular-, donó 15,765 boletos para la rifa del avión presidencial que se realizará el próximo 15 de septiembre, a la Secretaría de Salud de Tabasco, tierra natal del mandatario mexicano.
El titular de la Coordinación Nacional de Administración y Finanzas del Insabi, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, explicó que estos boletos se entregarían en 15 hospitales públicos, que incluyen a unidades del IMSS, ISSSTE, ISSET, de la Secretaría de Salud, Marina, la Defensa Nacional y Pemex; por lo que cada institución recibió 1,051 cachitos. El costo de cada boleto es de 500 pesos, por lo que se gastaron 7 millones 882 mil 500 pesos.
De acuerdo con El Universal, el funcionario aseguró que la idea es que cada hospital que ha participado en la atención del COVID-19, en caso de resultar ganador, pueda usar el dinero del premio para fortalecer su equipamiento, sus instalaciones e infraestructura.
En representación del gobernador Adán Augusto López Hernández, la titular de la Secretaría de Salud, Silvia Roldán Fernández, recibió los boletos y destacó el respaldo a la entidad por parte del Presidente del país a través del Insabi, lo cual se ha traducido en insumos, medicinas, infraestructura y personal que hoy permiten que los contagios vayan a la baja en Tabasco.
Apenas el pasado mes de julio, el Instituto de Salud para el Bienestar solicitó más recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 198.1 millones de pesos para la adquisición de equipo médico para la atención de pacientes con coronavirus a nivel nacional.
El 16 de julio, el Insabi registró en la cartera de Hacienda un proyecto de inversión por 198.1 millones de pesos, de acuerdo con información de Milenio, “para la continuidad de la emergencia epidemiológica de COVID-19”.
Durante la emergencia sanitaria, la ocasión previa en la que Insabi solicitó recursos para la compra de equipo fue a finales del mes de abril, por 9,337 millones de pesos, lo que representó una de las mayores cifras requeridas hasta ese momento. Gran parte del dinero fue para la adquisición de equipo médico como respiradores mecánicos y la contratación de personal médico,
Pero de acuerdo con investigaciones periodísticas realizadas en abril, el 58% de ventiladores mecánicos con los que contaba el Insabi en 28 entidades del país, no funcionaban.
El pasado mes de julio, Héctor Jaime Ramírez Barba, del PAN (Partido Acción Nacional), presentó la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, Jorge Alcocer, entre otros, por el retraso en la publicación de las reglas de operación del Insabi, que sustituyó oficialmente al Seguro Popular a partir de 2020.
“Exigimos a la doctora Irma Eréndira Sandoval (titular de la SFP) su urgente intervención para que se aplique la ley: el presidente López Obrador, el secretario de Salud y el titular del Insabi incumplen con un mandato legal propio de su cargo, funciones y atribuciones, son responsables de violar las normas del servicio público y vulneran el derecho a la salud”, argumentó el legislador.
Ramírez Barba pidió que se inicie “un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra, por la omisión en la expedición de las disposiciones reglamentarias del Insabi”. “Debe obligárseles a trabajar en atender las necesidades del sistema de salud que hoy están en incertidumbre y expedirse los reglamentos”, aseguró.
“El gobierno federal es responsable del agravamiento de la crisis sanitaria, por no planear a tiempo en cumplir con las leyes que se crearon en esta misma administración en materia de salud”, acusó.
De acuerdo con los denunciantes, Juan Ferrer Aguilar, fue designado como titular del Insabi por López Obrador sin las credenciales suficientes para emprender su transformación al sistema de salud. El acusado no es médico y tampoco tiene alguna experiencia en el sector salud. Ferrer Aguilar es maestro en Administración de Empresas para Ejecutivo por la Universidad Olmeca y licenciado en Administración de Empresas.

Publicado por:NOTICIAS DE YUCATÁN