El pasado 7 de diciembre, los senadores priistas, Tereso Medina Ramírez, quien es miembro de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) desde 1980 y quien ha ocupado varios puestos dentro de esa organización, e Isaías González Cuevas, integrante y ex funcionario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y quien sólo tiene estudios de secundaria, presentaron al Senado de la República la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ahí proponen quitarle todos los candados a la subcontratación; es decir, abre la puerta de par en par al outsourcing o subcontratación, con el mínimo de prestación laboral.

Se trata de cambios al Artículo 15 A de la actual Ley y es, por completo, una iniciativa priista. De aprobarse tal cual fue presentada, dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores, registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

La propuesta se presentó el pasado 7 de diciembre, cuando en el Senado la atención estaba puesta en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. La Ley forma parte de las leyes secundarias que están contempladas en materia y que deben emitirse antes de febrero de 2018.

De acuerdo con expertos en materia laboral consultados por SinEmbargo, si la Ley pasa como está podría tener efectos en términos de desigualdad y bienestar en los mexicanos, ya que si el Gobierno federal busca avanzar hacia la flexibilización laboral, debería proponer a la par políticas para dar a los trabajadores contratados por outsourcing, acceso a la salud, una pensión, seguro de desempleo, indemnización, etcétera. O sea, todas las prestaciones.

Además, en el terreno de las cifras y la experiencia, resulta evidente que esta política laboral no ha dado los frutos esperados en bienestar ni en generación de empleos de calidad.

Actualmente, la Ley establece ciertos topes a la contratación vía outsourcing. Por ejemplo, está prohibido que todo el personal de una empresa completa esté contratado bajo ese esquema, no se puede contratar de esa manera a alguien que realice el mismo trabajo que alguien contratado directamente, no se permite si la empresa se deslinda de sus obligaciones patronales o si busca transferir a sus trabajadores para tener menores derechos laborales.

El principal generador de empleo en el país es la informalidad, cuya tasa es de 56.6% y se ha mantenido en esos niveles desde el 2009. Foto: Cuartoscuro, archivo

Con la iniciativa, sería ahora la empresa que contrata, la que informaría regularmente a la empresa sobre los cumplimientos de sus obligaciones laborales y pasaría a ser la nueva figura patronal.

“Las empresas contratistas se entienden patrones respecto de sus trabajadores aun cuando éstos desempeñen labores a favor de un tercero y deberán cumplir con la responsabilidad que de esto se derive”, se puede leer en el documento presentado.

La contratista deberá informar de manera periódica a la contratante respecto del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral, de seguridad social, salud y medio ambiente. Para este efecto los contratantes deberán pactar la forma en la que se dará cumplimiento a esta obligación debiendo contar por escrito en el contrato de servicios.

Otros efectos que se han encontrado son mayores trámites para el emplazamiento a huelga y cambios en las garantías vigentes en materia de aviso de despido por escrito y en el procedimiento.

SinEmbargo buscó la postura de los senadores priistas Tereso Medina e Isaías González, pero no hubo respuesta alguna.

ABUSOS A LA VISTA, ALERTAN

Sobre la iniciativa presentada, Héctor Villarreal Páez, Director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comentó que, por un lado, está la gente que está a favor del outsourcing y argumenta que quitarle trabas permite disminuir desempleo y la contratación se hace más fácil, razones por las que sería aceptable esa modalidad. Pero el problema, agregó, es que la experiencia ha demostrado que es un esquema que se presta al abuso por parte de patrones y pseudoempresas, con la idea de no pagar prestaciones, de reducir costos a pesar de tener trabajadores a los que se les renueva el contrato cada cinco meses para que no alcancen a generar antigüedad, que no tienen prestaciones ni seguridad social.

“Habría ganadores y perdedores: veríamos que el desempleo baja y por otro una pauperización de los empleos. Si vamos a transitar a esquemas de este tipo, se tienen que discutir muchas cosas más de manera paralela. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad social, lo que sucederá con sus servicios de salud, con las pensiones. Entonces tendríamos que estar pensando en un estado mexicano, en un gobierno donde estas cosas se pagan con impuestos y no con cuotas. Eso permitiría una lógica diferente, pero ahora, por como está la iniciativa, se puede arreglar una pata pero descomponer otra”, dijo Villarreal Páez en entrevista.

Aclaró que en el momento en que se pasa a una flexibilización total tendrían que establecerse los términos en los que quedaría la seguridad social y quién sería el responsable de garantizarla; “tratar que no se preste para un abuso, porque ha aumentado el número de empleos, pero no la calidad, necesariamente; esa no aumenta por decreto. Si con el nivel salarial, todavía quitas más, se pueden tener efectos en términos de desigualdad y bienestar”.

LEY DE PROTECCIÓN PATRONAL

Para Miguel Reyes Hernández, Director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, cuando se aprobó esta Ley federal del Trabajo, a la salida de Felipe Calderón, no se analizaron los impactos sustanciales que se darían en la caída de los costos de contratación y despido.

Explicó que cuando a un inversionista se le ahorra los costos de contratación y despido, que es equivalente a bajar los salarios reales, de la nómina, lo que se hace es mantener los niveles de rentabilidad o elevarlos, pero eso no garantiza en absoluto que esa empresa vaya aumentar los niveles de inversión en el país.

“Es una falacia que esto es para aumentar la inversión y que esto va a generar empleos, porque además, lo que ha sucedido durante este sexenio, es que los empleos generados están entre 1 y 3 salarios mínimos y esto se debe a la Ley, que permite contratar personas por tres meses, seis meses como aprendices sin tener contrato, sin sueldo o con sueldo mínimo, o contratar al mismo trabajador que tiene 20 años de experiencia por outsourcing, liquidarlo y contratarlo con la mitad del sueldo que tenía haciendo las mismas funciones”, explicó.

Estas leyes han afectado el poder adquisitivo de las personas. De acuerdo con las cifras de Reyes Hernández, mientras más grados de escolaridad tenga un trabajador, el salario es más bajo: si el salario mínimo ha perdido 3.9 por ciento y no ha ganado nada, los que tienen estudio de licenciatura han perdido el 20 por ciento de su poder adquisitivo por las políticas de flexibilización laboral.

Entonces, de relajar más la contratación y se abre una vía para que el outsourcing pueda contratar a toda la empresa, independientemente de las funciones del trabajador, se abaratará aún más la fuerza de trabajo y México será, aún más, un país de salarios de hambre.

“Y le vamos a decir a los inversionistas: vengan, nos abaratamos más”, sostuvo.

Para Reyes, esta medida se explica como una respuesta del gobierno mexicano y los legisladores del PRI a la Reforma Fiscal de Estados Unidos.

“México le dice a las empresas norteamericanas, canadienses, no se vayan. Les dice que pueden contratar por la vía del outsourcing y salen más baratos los costos laborales y la nómina en general, todo a costa del nivel de vida de la gente, de los trabajadores, de la posibilidad de movilidad social de la población más educada. A costa de todos y del futuro. Esa es la respuesta del gobierno”, agregó.

Información de Sin Embargo