Grupo vinculado a Rolando Zapata, involucrado en la venta de valiosa casona

Un grupo de empresarios quiere convertir en un “hotel boutique”

Personas muy vinculadas con el gobierno de Rolando Zapata Bello estarían detrás de la empresa que adquirió por primera vez, en 2013, el valioso terreno de la ex escuela de invidentes en la calle 60, según se informa en Megamedia.

El colegio pertenecía a una institución de asistencia privada y ahora un grupo de empresarios quiere convertir en un “hotel boutique”.

Representantes de esa fundación vendieron el predio, con 12,989 metros cuadrados de superficie y 2,663 metros de construcción, ubicado frente al centro comercial Paseo 60, en $20.5 millones al Grupo Desarrollador Metrosur, cuyos directivos estaban relacionados con el equipo político de Zapata Bello.

Puntos oscuros en la venta

Esta compañía revendió el predio a otra empresa en abril de 2019 en más de $53 millones, lo que atrajo la atención de muchas personas que consideran que aún persisten muchos puntos oscuros en esa operación.

Ex profesores de la escuela para invidentes que funcionó 20 años en ese lugar, como informamos en entrega anterior, creen que la venta se hizo por debajo del valor comercial del predio.

Según datos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la enajenación del plantel se habría hecho como parte de una gran operación inmobiliaria orquestada por Metrosur en esa zona de la ciudad, donde después se construiría el Centro Internacional de Congresos, una plaza comercial y varios hoteles.

El tejemaneje de la venta

Mediante esa operación, esta compañía adquirió varios predios aparentemente a bajo precio —presuntamente para evadir impuestos—, que después vendió al gobierno del Estado a más del doble, en un tejemaneje cuyo fondo apenas empieza a conocerse.

La venta de la ex escuela para carentes de vista estaría enmarcada dentro de esta maniobra de especulación inmobiliaria.

De acuerdo con información recaba en el Registro Público de la Propiedad, Metrosur adquirió cuatro predios sobre la calle 62, entre Cupules y la avenida Colón, que sirvieron, junto con otros, para construir el Centro Internacional de Congresos (CIC), levantado en la administración anterior.

Reventa al gobierno del Estado

Los cuatros terrenos que compró Metrosur pertenecían a los herederos de María del Carmen Roche Martínez de Moller, fallecida en 2006, y tenían una superficie conjunta de 10,514 metros cuadrados, con 146 metros de frente sobre la 62.

Los herederos, nueve personas y la Arquidiócesis de Yucatán, aceptaron vender las cuatro propiedades a Metrosur el 20 de diciembre de 2013, ante la fe del notario Carlos Antonio Granja Ricalde.

La venta se acordó en $24.018,556, pero Metrosur, administrada por personas cercanas a Zapata Bello, revendió los predios al gobierno del Estado, en mayo de 2015, en $49.344,853, una diferencia del 105.4% en 17 meses.

Relación de los predios vendidos

Estos cuatro predios, que ahora son solo uno, eran:

1.— El marcado con el número 290 de la calle 62, que fue la quinta Ti Ha. Tenía 46 metros de frente y 65 de fondo y una superficie de 3,014 metros cuadrados. Metrosur pagó $5.748,000 por ese predio, a razón de $1,907 por metro cuadrado. Su valor catastral era de $1,081 metro, en 2015.

El 7 de mayo de ese año esa compañía revendió el predio al gobierno en $11.663,742, es decir, casi al doble, a $3,869.8 el metro.

Ex centro de catequesis

2.— Casa número 292, donde funcionó un centro de catequesis de la Iglesia católica hace 40 años. Al momento de su venta todavía conservaba algunas de sus habitaciones. Tenía 50 metros de frente por 65 de fondo y 3,250 metros cuadrados de superficie.

Grupo Desarrollador Metrosur pagó $7.597,967 por el predio, a razón de $2,337.8 el metro cuadrado. Su valor catastral: $1,489. Posteriormente vendió el terreno al gobierno en $15.362,602, lo que equivale a $4,726.9 por metro.

Un solar de mampostería

3.— “Solar de mampostería de un piso antes, ahora sin construcción, ubicado en la calle 62 número 294”. Así dice la escritura pública que consigna la venta de este predio a Metrosur el 20 de diciembre de 2013.

El predio tenía 50 metros de frente por 40 de fondo y un total de 2,000 metros cuadrados de superficie.

La empresa pagó $7.225,157 a sus propietarios, es decir, $3,612 por metro y 17 meses después lo revendió al gobierno en $14.716,981, $7,358 por metro. Su valor catastral: $1,685 por metro.

Predio con salida a la calle 62

4.— Predio número 294-A interior, con 50 metros de frente por 45 de fondo y una superficie de 2,250 metros cuadrados. Solo tenía una salida a la calle 62 a través del predio de al lado, el 294.

Metrosur lo compró en $3.447,432 —$1,532 por metro— y lo revendió en $7.601,528, a razón de $3,378 el metro cuadrado. Valor catastral: $936 el metro.

Por el gobierno de Estado firmaron estas compras el gobernador Zapata Bello y el secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, quien en marzo de 2015 sustituyó en ese puesto a Víctor Caballero Durán.

Pagos “bajo el agua”

Para hacer el Centro de Convenciones, el gobierno estatal compró además otros cuatro predios ubicados en la calle 62, al lado de los anteriores, con una superficie total de 1,108 metros cuadrados, en $9.750,000, aunque estas adquisiciones las gestionaron directamente funcionarios del gobierno.

Expertos en el mercado inmobiliario opinaron sobre la abultada diferencia de precio entre el pagado por Metrosur a los herederos de la señora Roche Martínez de Moller y lo que pagó el gobierno de Zapata Bello a Metrosur.

Señalan que podría deberse a una práctica común en las operaciones de compraventa de terrenos y casas entre particulares, consistente en poner un precio inferior en las escrituras al que realmente se paga para reducir el pago de impuestos, entregando la diferencia en efectivo, de modo informal, como pudo haber ocurrido también en la ex escuela para carentes de vista.

Valuadores consultados estiman que el valor comercial del metro cuadrado en esa zona en 2013 era de entre $3,000 y $7,000.

Más compras de locales cercanos

Como ya señalamos, además de los cuatro predios de los herederos de María del Carmen Roche, Metrosur adquirió otros locales cercanos, en la misma época.

Uno fue la ex escuela en la calle 60, número 333. Por este predio la empresa pagó $20.500,000 a la propietaria, la Institución de Beneficencia Asilo Berzunza Gutiérrez para Carentes de Vista, representada por el presidente y el secretario de su Junta de Gobierno, Bernardo Mier y Terán Gutiérrez y José Enrique Gutiérrez López.

La operación se firmó en diciembre de 2013, ante el notario Carlos Goff Rodríguez, a razón de $1,589 el metro cuadrado, una cantidad inferior a la que Metrosur pagó por los predios de la calle 62, que fue de $2,284.4 el metro.

Adquisición estratégica

Grupo Desarrollador Metrosur compró además otra casa cercana, la ubicada en el número 298-F de la calle 62, que colinda, en su parte de atrás, con la zona posterior de la ex escuela de invidentes.

Si se unieran estos dos predios el terreno resultante de la fusión tendría un frente de 64 metros sobre la calle 60 y salida de once metros por la 62.

Esta casa, con terrero de 403 metros y 325 metros cuadrados de construcción, fue vendido por sus propietarios Addy María Rosa y Fernando Castilla Patrón a Metrosur en enero de 2014 en $1.130,000, a razón de $2,803 el metro cuadrado, mucho más que lo ofertado por la ex escuela de carentes de vista, en una operación atestiguada también por el notario Goff Rodríguez.

¿Empresa fantasma?

Grupo Desarrollador Metrosur se constituyó el 14 de octubre de 2011 ante el notario Álvaro Roberto Baqueiro Cáceres con dos socios a partes iguales: José Andrés Moral Pumarejo y Adolfo Valdez Suárez.

Moral Pumarejo, oriundo de Brownsville, Texas, tenía en el momento de la apertura de la sociedad, 29 años y vivía en una casa rentada en Residencial Palmeras de Altabrisa, según averiguó Central 9.

Valdez Suarez nació en Ciudad de México, tenía 39 años en 2011 y manifestó como domicilio la ciudad de Tampico.

En su acta constitutiva, Metrosur señala que entre sus objetivos figuran “realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia o de terceras personas, toda clase de construcciones, edificaciones, conjuntos inmobiliarios, edificios o instalaciones para oficinas o establecimientos comerciales”.

Poderoso administrador

Sin embargo, esta empresa, al parecer se mantuvo inactiva hasta el 22 de marzo de 2013, cuando Jorge Enrique Rosado Gegg, como delegado de la sociedad y en representación de los socios, compareció ante el notario Goff Rodríguez para formalizar el acta de la asamblea del 16 de marzo de ese año en la que se nombra a Rosado Gegg como administrador único de la sociedad.

De esa manera adquirió un amplísimo poder general para pleitos y cobranza, incluyendo asuntos judiciales, actos de administración y actos de riguroso dominio.

En el mismo acto se protocolizan dos nombramientos más: el de Jorge Eloy González Mastache como apoderado, con un poder para actos de administración, y el de José Luis Pérez Denis, como comisario, encargado de vigilar la gestión de Rosado Gegg.

Vinculados al equipo de Zapata Bello

De acuerdo con información recabada por Central 9, estas tres personas estaban estrechamente vinculadas al equipo político de Zapata Bello en 2013.

Rosado Gegg, que en ese entonces tenía 40 años, mantenía relaciones de amistad muy cercanas con funcionarios del gobierno estatal.

Reseña gráfica que confirma nexos

Un indicio de esto es la reseña gráfica de la comida ofrecida por un grupo de amigos al entonces secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, en la hacienda Petcanché, publicada por el Diario el 19 de julio de 2014, a la cual asistieron, entre otros, el propio Rosado Gegg, Rodolfo Rosas Cantillo, Gerardo Nevárez Cervera, Mario y Rodrigo Medina Díaz, Raúl Aguilar Baqueiro y Fernando Vega Espinosa, entre otros, todos muy vinculados con el equipo gobernante.

Funcionario del gobierno estatal

En cuanto a González Mastache, éste se desempeñó durante todo el gobierno de Zapata Bello como jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, en tanto Pérez Denis fue también, en todo ese sexenio, director de Administración de la Fiscalía General del Estado.

Megamedia

Publicado por:NOTICIAS DE YUCATÁN