México.- La
Secretaría de Gobernación (Interior) informó que el pasado jueves [ayer]
comenzó a revisar 538 casos de presos políticos en los que se señala la
vulneración de los derechos y cuyos afectados se consideran "presos
políticos" en el país.
De esa
cifra, la mayoría se concentra en estados con problemas de marginación,
comunidades indígenas y zonas donde hay conflicto permanente por la tierra,
agua y recursos naturales como son: Guerrero con 140, Puebla 71, Estado de
México 65, Ciudad de México 52 y Oaxaca 51.
En
conferencia de prensa, junto a seis presos políticos San Pedro Tlanixco, Estado
de México, liberados en febrero, el subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la citada secretaría, Alejandro Encinas, precisó que
ese número de expedientes pertenece a 59 mujeres y 479 hombres.
"Ellos
han solicitado la intervención del Gobierno Federal por señalar que se han
vulnerado sus derechos humanos y que se consideran presos políticos en el país
y esa cifra puede variar de manera muy significativa", apuntó Encinas en
conferencia de prensa.
Encinas
apuntó que esos presos que se consideran "de conciencia" en los
penales mexicano por lo que el Gobierno mexicano trabajará para que aquellas personas
que han sido objeto de abuso de autoridad y que se encuentran indebidamente en
prisión, puedan obtener su libertad y pueda repararse el daño cometido por la
autoridad.
Además
sostuvo que si se quiere pacificar al país y se desea una reconciliación entre
los mexicanos "se quiere que haya justicia que permita el desarrollo y
bienestar de la población y se tienen que ir cerrando estos expedientes".
Sobre el
caso de los seis presos políticos liberados, Encinas precisó que este acto es
una reivindicación con los defensores de los recursos naturales, quienes a los
largo de 16 años fueron objeto de abuso de autoridad por la complicidad de
intereses con particulares.
Dominga
González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozabal, Rómulo
Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozabal
fueron sentenciados a 50 años de cárcel por de un delito que nunca se comprobó.
Además se
vulneraron gravemente sus derechos humanos y se alteró su vida familiar y la de
su comunidad que se opuso al despojo de sus tierras y de un recurso fundamental
para el desarrollo de su actividad productiva como es el agua.
"No solamente queremos que Tlanixco sea una experiencia emblemática, sino que sea referente para la reivindicación de justicia de muchos abusos que existen", dijo el funcionario y recordó que lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador 25 activistas han obtenido su libertad.
EFE.
Publicado por:NOTICIAS DE YUCATÁN
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