Una vez que sea extraditado de Panamá a México, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, será procesado y enjuiciado por la Fiscalía General del estado, por los tres delitos del fuero común que se le imputan, informó la noche de este martes la institución, al señalar que no está restringido su derecho para ampliar las acusaciones por más delitos.

Los cargos que se imputan a Borge Angulo, a nivel local, son el probable aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, cometidos en agravio de la administración pública del estado de Quintana Roo.

El quebranto patrimonial en perjuicio de la entidad, alcanza los tres mil millones 104 mil 823, 279 pesos, se precisó. El ex mandatario será extraditado de Panamá a México el 4 de enero y, a nivel federal, enfrenta una acusación por el delito de operaciones con dinero de procedencia ilícita.

De acuerdo con declaraciones de sus abogados, el recurso jurídico interpuesto a favor de Borge, impedirá a la Procuraduría General de la República (PGR), acusarle y procesarle por otros ilícitos. Sin embargo, la noche de este martes, la Fiscalía quintanarroense señaló que a nivel local no existe tal restricción y se pueden ampliar las imputaciones en su contra, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004.

Borge, quien cumplió 38 años el 29 de diciembre pasado, fue detenido en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, el 4 de junio del 2016, cuando pretendía viajar a Europa.

La detención se dio en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del orden federal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.

Derivado del delito del fuero federal, el ex funcionario estatal tiene vigente la suspensión del mandamiento judicial. Mediante los recursos legales que establece la Ley de Amparo, la Fiscalía logró que se fijara la cantidad de 85 millones de pesos para garantizar los efectos de la suspensión en el juicio de amparo que interpuso la defensa. No obstante se interpuso un nuevo recurso, con la finalidad de incrementar la garantía en relación al daño causado a la administración Pública Estatal, recurso que actualmente se encuentra en el Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

“La garantía de 85 millones de pesos decretada para evitar ser aprehendido por los tres procedimientos en su contra, hasta el día de hoy, no ha sido cubierta, por lo cual puede ser puesto a disposición de los Jueces del estado, una vez que sea trasladado a México”, sostuvo la institución.

Con información de El Universal.