Noviembre 30, 2017 06:00 PM
En Yucatán hay amenazas de muerte contra defensoras de mujeres y están impunes, asegura agrupación
En Yucatán, son numerosas las defensoras de los derechos
humanos amenazadas de muerte, aseveró la representante estatal del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar, quien
lamentó que las denuncias interpuestas sigan congeladas.
Lo peor de todo, agregó, es que el Gobierno del Estado
nada hace para que prevalezca la justicia, e incluso, protege a toda costa a
los funcionarios involucrados, tal el caso de Diego de la Rosa Méndez, quien
además se le acusa de secuestro y lesiones físicas cometidas en contra de una
trabajadora.
Tanto es su cinismo que para probar su inocencia puso
como testigo a un personaje de la historia reciente del Estado, subrayó.
En conferencia de prensa, dijo que hasta el momento ya se
detectaron a tres agresores que se basan de las amenazas para intimidar, a
quienes se les interpuso la respectiva denuncia, y a pesar de las pruebas
presentadas aún no proceden.
En compañía de representantes de diversos organismos no
gubernamentales lamentó la forma de proceder de las autoridades,
específicamente, el fiscal General del Estado (FGE), Ariel Aldecua Kuk.
Pero sobre todo, el titular de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Aillound,
quien ahora ostenta un cargo que le obsequió Zapata Bello, en recompensa por no
emitir recomendación alguna en su contra.
Ninguno de los dos ha resuelto las denuncias
interpuestas por las agresiones físicas y verbales recibidas, y los presuntos
responsables se mantienen en la impunidad, agregó.
En el caso de Goff Aillound, aseveró que si como titular
de la Codhey, nada pudo hacer para garantizar los derechos humanos, ahora como
vicefiscal anticorrupción será un inútil en el puesto.
Lamentó la muerte de 22 defensoras de los derechos
humanos, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, hechos
cometidos en diversos estados.
En el caso de Yucatán, abundan las amenazas, sobre todo
las de muerte, y a pesar de ellos, las defensoras de los derechos humanos
continúan adelante con su labor.
Impunidad
De 2015 a la fecha son numerosas las amenazas de muerte
recibidas por el simple hecho de defender a la mujer, entre las cuales, ya se
interpuso tres ante la FGE y la Codhey, cuyo avance es nulo, a pesar de las
pruebas entregadas, tanto en documentos como audios y videos.
Salas Salazar ejemplificó el caso del funcionario de la
Secretaría Estatal de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Diego de la Rosa
Méndez, quien fue acusado de abuso sexual, acoso laboral, amenazas e
intimidación por la profesora de canto Teresita de las Mercedes Campos Ancona,
cuyo calvario inició el 6 de enero de 2015.
Reprobó la actitud del titular de la Sedeculta, Roger
Metri Duarte, sólo removió al coordinador general del Centro Cultural Ricardo
López Méndez.
Lamentablemente, el caso está detenido tanto en la FGE
como en la Codhey, por lo que es evidente el proteccionismo que brinda el
titular del Ejecutivo.
Remarcó que al dar a conocer las anomalías, la joven fue
secuestrada y golpeada de tal manera que estuvo a punto de perder la vida. Al
sanar, siguieron las amenazadas, al grado que el Centro de Justicia le otorgó
custodia policíaca durante tres meses.
Fue el caso de cinismo más puro que he conocido, ya que
entregó una lista de 150 nombres que están dispuestos a hablar a su favor,
entre ellos, el mismo vate Ricardo López Méndez, quien falleció en 1989, y
tenemos las pruebas. Lo peor de todo, la Codhey aceptó a todos ellos,
enfatizó.
Señaló que de todas las denuncias interpuestas ante
Derechos Humanos, el flamante vicefiscal anticorrupción a modo, ninguna
resolvió, por lo que los casos siguen impunes.
Publicado por:NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
