(Proceso).- El principal problema de la democracia en el mundo es el dinero, en específico el financiamiento a los partidos y a las campañas.

Siguiendo a Daniel Zovatto, la historia y la experiencia comparada demuestran que la relación entre dinero y política ha sido, es y seguirá siendo compleja, además de ser también “una cuestión clave para la calidad y el buen funcionamiento de la democracia… De ahí la importancia de que sea el sistema democrático el que controle al dinero y no a la inversa”.

Y en México justamente es a la inversa. El dinero ilegal está controlando las elecciones. Ocurrió en la elección de Enrique Peña Nieto como presidente de México y, con impulso presidencial y complicidad de los órganos electorales mexiquenses y federales, volvió a ocurrir de nuevo en 2017, ahora en el Estado de México.

El dinero que corrió caudaloso en la campaña mexiquense tiene diversos orígenes, pero el principal de ellos es el presupuesto federal, de donde fluyeron miles de millones de pesos hacia el Estado de México de cuatro formas:

a) El “volcamiento” desenfadado de recursos humanos y materiales, bajo el cobijo de programas sociales y con fines proselitistas, a la campaña del candidato priista Alfredo del Mazo Maza. La equidad fue rota estrepitosamente en los comicios mexiquenses.

b) El subsidio federal inequitativo pero legal. El dinero que recibió el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, fueron los más cuantiosos entre las entidades federativas, y como no hubo avances y logros proporcionales a tales fondos, es razonable pensar que una parte de ellos se destinaron a la campaña priista de 2017 para gobernador

c) Cuantiosas transferencias ilegales de las arcas federales a las mexiquenses, una de las cuales fue denunciada por múltiples vías, con la precisión de que la campaña priista pudo ser el destino al menos de una parte de esas transferencias.

d) Fondos municipales desviados de sus fines legales y probablemente destinados a la campaña priista de 2017 en el Estado de México.

El libro de Bernardo Barranco

Hablemos del inciso b, relacionado con los recursos federales vertidos en el Estado de México.

A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, su estado natal fue el consentido del gobierno federal. Ninguna otra entidad recibió más dinero que el Estado de México y, en el colmo del absurdo, Pemex le otorgó recursos del fondo para mitigar impactos ambientales, a pesar de que la entidad no produce petróleo ni tiene grandes instalaciones petroleras.

En seis años el Estado de México fue el más beneficiado con recursos de la federación, con más de 357 mil millones de pesos. En 2017 recibió más de 67 mil 646 millones. En contraste, Veracruz tuvo 48 mil 165 millones, Chiapas 38 mil 975, Oaxaca 36 mil 612 y Jalisco 31 mil 143 millones.

Si los caudalosos recursos que recibió el Estado de México no se reflejaron en beneficios sustantivos acordes con lo cuantioso de las cantidades otorgadas del presupuesto federal, ¿a dónde se fue el dinero?

Me referiré ahora al inciso c, relacionado con las cuantiosas transferencias ilegales de las arcas federales a las mexiquenses, una de las cuales fue denunciada por múltiples vías, con la precisión de que la campaña priista pudo ser el destino al menos de una parte de esas transferencias.

En esta historia truculenta, 50 millones de pesos de 1992 se convirtieron en 3 mil 600 millones de pesos de 2009 y hay indicios de que una parte de ellos sirvió para financiar la campaña electoral de Alfredo del Mazo, hoy gobernador mexiquense.

Ésta es una historia de cómo quienes desde el gobierno del Estado de México reclamaron infructuosamente un pago federal que legalmente no les correspondía, y cuando llegaron a importantes posiciones en el gobierno federal, incluida la Presidencia de la República, autorizaron lo que otras administraciones federales les negaron.

Un día de 2017, el abogado Paulo Díez Gargari, director jurídico de Infraiber, empresa mexicana de tecnología aplicada que tiene varios litigios con la española Obrascón Huarte Lain, S.A., más conocido por sus siglas OHL, descubrió que en las cuentas del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM), aparecieron y desaparecieron misteriosamente mil 600 millones de pesos.

En una carta con fecha del 3 de abril de 2017, cuya copia fue difundida en el portal Aristegui Noticias, el abogado Díez Gargari le pidió explicaciones al entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y éste respondió, por conducto de su director de Comunicación Social, Alejandro Echegaray Suárez, que esos recursos “provienen del pago que el gobierno de la República hizo al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México de la Autopista Chamapa-Lechería”. “El pago se hizo –dijo el gobierno mexiquense el 11 de mayo siguiente– con base en un convenio de transacción judicial registrado y ‘apegado totalmente a la norma legal’”.

Desviaciones municipales a campañas

Hemos visto los casos de mayúsculas transferencias legales e ilegales al gobierno mexiquense por parte del gobierno federal, parte de las cuales sirvieron muy probablemente a la campaña priista mexiquense. Pero hay más casos, o indicios firmes de más casos, si bien las cantidades involucradas no son tan cuantiosas como las ya descritas.

En el INE se recibió en 2017 una denuncia que apuntaba a esa situación, pero el Consejo General la desechó por votación dividida.

Esencialmente, un ciudadano denunciaba una serie de transferencias del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli a empresas fantasmas, entre abril de 2016 y marzo de 2017, lo cual constituía un supuesto entramado para hacer llegar a campañas políticas financiamiento ilegal por al menos 50 millones de pesos.

La denuncia, fechada el 10 de mayo de 2017, expone los siguientes hechos:

I. Existen al menos tres dependencias del municipio de Cuautitlán Izcalli que, entre el 1º de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017, depositaron poco más de 67 millones de pesos en la cuenta de una empresa de nombre AHMSA de México International, S.A.  de C.V., que tiene características de empresa fantasma.

1. El ayuntamiento, cuyo presidente es el priista Víctor Manuel Estrada Garibay, directamente depositó a través de una cuenta del Banco BBVA Bancomer a la cuenta del AHMSA de México International 61 millones 967 mil 716 pesos.

2. El organismo operador de agua potable en el municipio, operagua Izcalli O.P.D.M, cuyo director general es Marck Oblio Rivera Aguilar, depositó a través de una cuenta del Banco BBVA Bancomer 4 millones 500 mil pesos a la cuenta de AHMSA de México International.

3. El Sistema Municipal DIF Izcalli, a través de una cuenta del Banco BBVA Bancomer, depositó a AHMSA de México International un millón 336 mil 177 90 pesos.

Se presume que la empresa AHMSA de México International puede ser una empresa fantasma, entre otros aspectos, por sus socios y por el manejo de su capital…

II. La empresa Grupo Javomex International, S.A., con características de empresa fantasma, recibió del municipio de Cuautitlán Izcalli casi 10 millones de pesos, de manera indirecta de la siguiente forma:

III. Arturo Arredondo Díaz concentra al menos 55 millones de todos los recursos a los que se refiere la denuncia. Estos recursos los recibió entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 de dos empresas con características de empresas fantasma.

Arturo Arredondo Díaz es un comerciante que tiene su domicilio en Boulevard de las Flores 320, Villa de las Flores, primera sección en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Se sabe que tiene cuentas en HSBC, en Citibanamex y en BBVA Bancomer.

A esas cuentas en cinco meses llegaron recursos de AHMSA de México International, Grupo Javomex International y de Juan Antonio Velasco Olvera, apoderado de AHMSA de México International y socio mayoritario de Grupo Javomex International.

AHMSA de México International le transfirió de su cuenta a Arturo Arredondo un primer depósito por 22 millones 459 mil 830 pesos en HSBC. Posteriormente, hubo otra transferencia por 26 millones 526 mil 541 28 pesos.

Grupo Javomex International le transfirió a Arturo Arredondo Díaz 6 millones 717 mil 900 pesos.

La investigación de las operaciones de Arturo Arredondo Díaz es fundamental porque él es quien concentra los recursos, es el eje de la triangulación, pero es además quien los dispersa.

IV. José Raúl Forjas Otero recibió entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 la cantidad de 10 millones 437 mil 800 pesos. La investigación del destino de estos recursos es importante, pues se trata de un prestanombres que probablemente se encarga de alguna zona electoral específica

V. Grupo Zorro Abarrotero, con domicilio social en Ecatepec de Morelos, Estado de México, tiene una cuenta en el banco HSBC en la cual recibió aproximadamente un millón 736 mil pesos de la empresa AHMSA de México International, y un millón 869 mil 500 pesos de Arturo Arredondo Díaz. Por su giro comercial, se presume que el dinero recibido podría tener como destino la elaboración de despensas que pudieran ser distribuidas durante las campañas electorales.

He querido hacer esta prolija referencia a la denuncia presentada ante el INE, con la intención de evidenciar que había suficiente información, datos, cuentas y domicilios para investigar…

En su resolución INE/CG287/2017, el Consejo General estimó que la denuncia se refiere al presunto mal manejo de recursos públicos o privados que podrían estar siendo utilizados para la compra de votos, así como para estructuras electorales indeterminadas.

La verdad legal, hasta inicios de 2018, es que no se acreditó la desviación de fondos públicos de las arcas del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli hacia alguna campaña electoral Sin embargo, el quejoso envió también su documento a la FEPADE, pero la destitución del fiscal Santiago Nieto Castillo, en octubre de 2017, cuando estaba investigando el escándalo Odebrecht –al que me referiré en el siguiente apartado–, arroja dudas sobre alguna investigación seria del affaire Cuautitlán Izcalli por parte de la FEPADE.

En diciembre fue nombrado nuevo titular de la fiscalía Héctor Díaz Santana, quien tiene el desafío de investigar la vertiente electoral del caso Odebrecht y, además, el financiamiento ilegal del PRI de Chihuahua por el gobierno federal, que cobró actualidad días después de que tomó posesión.

¿Investigará el nuevo titular de la FEPADE asuntos que involucran al presidente Peña Nieto y al segundo hombre más importante de su gobierno, Luis Videgaray Caso?

Lo dudo, pero hay que concederle el beneficio de la duda a Héctor Díaz Santana.

El escándalo Odebrecht en México

México está entre los países donde Odebrecht entregó sobornos y sobre las investigaciones del escandaloso asunto, la PGR emitió el 13 de agosto de 2017 un comunicado…

En agosto de 2017 fueron divulgadas investigaciones periodísticas que arrojaron luces sobre una parte de los sobornos entregados por Odebrecht en México. La principal conclusión de ellas es que esa empresa brasileña pagó 10.5 millones de dólares de sobornos a funcionarios de Pemex, en el periodo 2010-2014, y así lo ha admitido Odebrecht, como lo señaló la PGR en su mencionado boletín de prensa.

La información periodística, basada en las investigaciones de las autoridades brasileñas, precisaron que Emilio Lozoya Austin, entonces integrante del equipo del candidato Enrique Peña Nieto y luego director de Petróleos Mexicanos, recibió al menos 3.1 millones de dólares en abril-junio de 2012, es decir, justo en el periodo de la campaña presidencial mexicana.

¿Puede haber dudas de que ese dinero entró a la campaña peñista, caracterizada por el excesivo y fastuoso gasto que vimos en su momento todos los interesados en estos temas, con excepción del IFE encabezado por Leonardo Valdés Zurita y el TEPJF, presidido por Alejandro Luna Ramos?

Como escribí en el diario Reforma el 23 de agosto de 2017, es pertinente preguntarse cuál fue la posible responsabilidad del actual jefe de Estado en el escándalo Odebrecht ¿Puede un candidato presidencial no enterarse de una aportación de entre 3 y 4 millones de dólares a su campaña por parte de una empresa de origen extranjero?

En otros países, Lozoya estaría ya detenido, y el presidente, tambaleante. No ocurre así en México, donde reina la impunidad y el mandatario es casi inimputable. Habrá quien opine que el gasto de la campaña presidencial priista de 2012 es cosa juzgada, pero no debe soslayarse la existencia de hechos supervenientes que hasta ahora son conocidos.

Si no fueron destinados a la campaña presidencial, ¿cuál fue la razón para entregarle millones de dólares a un miembro del equipo del entonces candidato Peña Nieto? Suponiendo que el dinero de Odebrecht no hubiera tenido un destino proselitista en medio de un proceso electoral presidencial, ¿a dónde fueron los millones de dólares entregados en abril-junio de 2012? Otro ángulo es a dónde fueron los otros millones suministrados presuntamente a Lozoya. ¿Fueron todos para él, los compartió con alguien? ¿Es posible el otorgamiento de contratos a la empresa benefactora con la sola voluntad del director de Pemex y sin conocimiento de su jefe, el presidente?

Por todo lo expuesto en este libro, las elecciones de 2017 en el Estado de México constituyen un espejo anticipado de lo que puede ocurrir electoralmente en 2018. Un espejo ominoso que augura muy malos tiempos para la democracia mexicana.