Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno a cumplir con la normatividad de protección de datos personales y transparencia, pues advirtió que la divulgación ilegal y no autorizada de información confidencial y en posesión del gobierno “genera incertidumbre” entre empresas e inversionistas.
“Esas acciones pueden afectar significativamente la percepción internacional e incidir negativamente en el desarrollo económico y social de nuestra nación y de las familias mexicanas”, lamentó el organismo que encabeza José Medina Mora.
Agregó que debe tenerse en cuenta que, al darse a conocer información de carácter fiscal, se pone en entredicho la actuación de las autoridades hacendarias quienes son las responsables legales de resguardar los datos de los contribuyentes y proteger esta información de acuerdo con la normatividad citada.
En un comunicado, la Coparmex recalcó que la violación a estas disposiciones legales afecta también a las empresas, pues mina la confianza en las inversiones, ya que revela que la autoridad puede, en cualquier momento, transgredir, de manera injustificada e ilegal, los derechos humanos pilares del Estado de derecho y, como consecuencia, la confianza en que las leyes de nuestro país serán respetadas a cabalidad.
Estableció que el derecho humano a la confidencialidad de los datos personales es un triunfo de la ciudadanía en todo el mundo para evitar que se repitan historias del pasado en las que esta información fue usada para atacar a quienes se consideraban adversarios, al ponerlos en un estado de indefensión.
“Desde Coparmex, hacemos pública nuestra preocupación por la publicación que hizo el Ejecutivo federal de datos de empresas e información personal de ciudadanos referentes a contratos privados que se encuentran protegidos por diversas leyes vigentes, incluyendo la normatividad de protección de datos personales”, estableció.
El organismo patronal recordó al Ejecutivo federal que la Constitución, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) establecen la obligación de los entes públicos de limitarse a usar la información bajo su posesión, incluyendo aquella que constituya datos personales por estar vinculada a una persona física, para fines lícitos.
Esto es, para fines que estén permitidos y autorizados en las leyes aplicables, por lo que su uso y/o divulgación no autorizada implica un actuar ilegal de la autoridad que se traduce en una violación flagrante del derecho humano de protección de datos personales de las personas titulares de dicha información.
Detalló que el artículo 113 de la LFTAIP indica que se considera como información confidencial aquella que: a) contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; b) Los secretos bancarios, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y c) aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
Recuerda que la ley establece que el tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera y guardar absoluta confidencialidad de los datos bajo su posesión, en aras de garantizar el derecho humano a la protección de datos personales de la ciudadanía.
Publicado por:NOTICIAS DE YUCATÁN
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— Coparmex Nacional (@Coparmex) July 18, 2023
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