Ciudad de México | Desinformémonos. Diversas organizaciones defensoras del medio ambiente presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la ineficiencia de las leyes que regulan las descargas de contaminantes en los ríos, lagos y otros cuerpos de agua en México, así como por su debilidad y falta de aplicación.

De acuerdo con datos ofrecidos por los estudios sobre la contaminación del agua en México, por lo menos ocho de cada diez ríos están contaminados. “Las autoridades no se atreven a tocar a las industrias que están contaminando los cuerpos de agua del país”, aseguró Elena Burns, de la Coordinadora Agua para Tod@s.

Como parte de la campaña “El río suena”, cuyo objetivo es visibilizar el problema de la contaminación del agua en el país, las organizaciones explicaron que la norma que contempla las descargas de residuos únicamente regula 20 parámetros de contaminación y deja sin regulación una gran variedad de sustancias tóxicas, y particularmente las que son utilizadas y desechadas por las industrias.

Por otra parte, la investigadora del Colectivo Ecologista de Jalisco, Cindy McCulling, declaró que “pareciera que el sistema nacional estuviera hecho para no funcionar”, pues desde el 2007 se ha estudiado la urgencia de modificar la norma, pero “no hay voluntad política para emitir las regulaciones necesarias para proteger los ecosistemas acuáticos y la salud humana”.

En la denuncia, presentada por el Colectivo Ecologista de Jalisco, del Instituto de Derecho Ambiental y de la Coordinadora Agua para Tod@s-Aguas, se hace referencia a un reporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el que se señala que la norma “tiene un efecto nulo” y que “no se cumple, lo que representa la libre descarga de contaminantes”.

La denuncia enfatiza, además, que la norma se incluyó desde el 2007 en el Programa Nacional de Normalización (PNN) para su modificación, pero no se ha publicado un anteproyecto en el Diario Oficial de la Federación.

Los parámetros y límites “han quedado rezagados frente a las necesidades de protección de los cuerpos de agua del país”, apunta el mismo PNN respecto a la norma. Sin embargo, las leyes permanecen iguales.