Celia Rivas: "Lo menos que debe hacer Renán Barrera es pedir perdón”

 

 

El pago de más de 200 millones de pesos que los meridanos tendrán que hacer con sus impuestos, tras la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de las “luminarias chinas”, es producto de la toma de decisiones con tintes partidistas, coincidieron en señalar diputados locales de diferentes fuerzas políticas.

Por su parte, Celia María Rivas Rodríguez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, afirmó que lo menos que debe hacer Renán Barrera Concha, ex presidente municipal de Mérida, es “pedir perdón” a los ciudadanos, pues en su opinión es el responsable directo del millonario pago que debe hacer la administración de Mauricio Vila Dosal. 

Como informamos ayer, la Primera Sala de la SCJN puso punto final al proceso judicial que la administración de Barrera Concha sostuvo desde su inicio con la empresa AB&C Leasing, de origen jalisciense, por la renta de 82 mil lámparas, por la suspensión adelantada del contrato de arrendamiento suscrito por su antecesora, Angélica Araujo Lara, actualmente senadora.

Disculpa y derrota

Entrevistada al respecto, Rivas Rodríguez lamentó la “cantidad muy grande, que le duele a todos los meridanos”, y afirmó que Barrera Concha tendría que al menos pedir una “disculpa a todos los que habitan la capital del estado”.

Por su parte, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Barrera Zavala, opinó que el tema no debe ser visto como una derrota de Barrera Concha y un triunfo de Araujo Lara, sino como un daño que los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) le han hecho a la ciudad por cuestiones de índole partidista.

“Esto es un caso político que se dio de un gobierno emanado del PRI, que si bien, todo mundo cree que no había necesidad de cambiar las luminarias, cumplió con toda la normatividad legal y luego vino lo que todos sabemos por parte de Renán Barrera”, indicó.

Enrique Febles Bauzá, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que a pesar de existir dinero ya previsto por la administración de Vila Dosal, el daño patrimonial por la sentencia de la SCJN está ya hecho.

Por su parte, Marbellino Burgos Narváez, del Partido Nueva Alianza (Panal), opinó que tal situación debe sentar un precedente en la clase política para no politizar cuestiones de tipo administrativo donde estén involucradas decisiones de gobierno.

Ex regidores opinan

El legislador priísta Daniel Granja Peniche, quien fue regidor en el periodo de Araujo Lara, recordó que la renta de las luminarias fue votada de manera unánime por todas las fuerzas políticas que conformaban en ese momento el Cabildo de la capital del estado.

“Es importante que cuando una persona es gobierno, no se debe politizar o partidizar diversos temas; creo lo importante en este momento es revisar lo que determinó la SCJN para que se tomen las medidas correspondientes y en general lo que se ha buscado es que los meridanos tengamos los mejores servicios”, expuso.

En contraparte, el panista Elías Lixa Abimerhi, que fue parte del cuerpo edilicio de Barrera Concha, lamentó la decisión de la SCJN, que a su parecer fue producto de presiones externas hacia los ministros de la Primera Sala:

“Se ha tomado una decisión que es injusta para los ciudadanos, para el municipio, que la han revestido de formas jurídicas. Tampoco es un secreto que la Suprema Corte ya había publicado un proyecto de resolución; se echaban para atrás esas resoluciones favorables a la corrupción a la impunidad, desafortunadamente ha ganado la impunidad”, advirtió.

Renán resolvió un problema

Los líderes del Partido Acción Nacional (PAN) afirmaron, en rueda de prensa, que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con respecto al conflicto de las luminarias fue en contra de los ciudadanos.

Mauricio Vila Dosal, presidente municipal de Mérida, indicó que lo que sigue es un proceso largo, porque aún no hay fecha ni cantidad estipulada a pagar, y aún no hay una sentencia definitiva; entonces no hay mecanismos para sopesar las opciones a pagar.

Expresó que serán los juzgados quienes determinarán cómo será el pago. Sin embargo, “pujaremos porque sea de acuerdo a las capacidades del ayuntamiento y no se pongan en riesgo los servicios públicos de la ciudad”, afirmó el alcalde. 

Vila Dosal reveló que desde el primer año del ejercicio fiscal, 2016, y también en 2017, se destinó un fondo de prevención de 36 millones de pesos, tras un análisis del costo al Ayuntamiento de Mérida en caso de ser necesario contratar un crédito para el posible laudo. Explicó que es un fondo de 36 millones de pesos por los 12 meses del año.

Se dijo en desacuerdo, con el fallo, pero lo acatará por respeto al Estado de derecho, pero también destacó que Renán Barrera “resolvió un problema de la ciudad”.

Por su parte, Barrera Concha recordó que durante su administración de dieron de baja 81 mil luminarias pertenecientes a AB&C Leasing que fueron arrendadas por 520 millones de pesos, porque el “clamor ciudadano era resolver la situación del alumbrado público”, porque alrededor de 20 mil estaban apagadas al momento del cambio de administración.

“Devolvimos la luz a la ciudad, lo que era el objetivo principal. Mérida es otra ciudad hoy”, enfatizó. También reconoció que no es un pleito de partidos ni un capricho político, sino que era un tema ciudadano y público, razón por la cual se tomaron previsiones desde antes de rescindir el contrato.

Señaló que este problema no afectaría la “altísima posibilidad” de ganar las elecciones presidenciales, recuperar el gobierno de Yucatán y revalidar la alcaldía de Mérida. “En vez de perjudicarnos, al contrario, nos ayuda a recordar quiénes han dañado a esta ciudad, quiénes han lucrado con el patrimonio de los yucatecos”, manifestó.

Sobre Angélica Araujo Lara, acusó que tendría que pedir perdón porque este problema comenzó durante su administración. 

También exigió conocer los argumentos de los ministros para tomar la decisión en contra del Ayuntamiento de Mérida.

El presidente estatal de Acción Nacional, Raúl Paz Alonso, consideró que la decisión de suspender el contrato de AB&C Leasing fue correcta porque “atentó contra la seguridad de los meridanos” y se defendió el patrimonio de los capitalinos “hasta las últimas consecuencias”. La Jornada Maya

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