ASF cesa a funcionario que contradijo a AMLO por deuda en Aeropuerto de Texcoco

Acusa censura y uso político de la institución

David Colmenares, titular de la Auditoria Superior de la Federación, cesó a Agustín Caso Raphael, quien se desempeñaba como Auditor Especial de Desempeño y  se encargó de la auditoría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que reveló el costo de cancelación por 331 mil millones de pesos y no 100 mil millones de pesos como había dicho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En una carta para anunciar su cese, Caso Raphael acusó censura, falta de imparcialidad, autonomía y el uso político de la Auditoría bajo la gestión de Colmenares.

“Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional.

Además, la intromisión en los enfoques, alcances y resultados de las auditorías que son sujetas a una revisión que no es técnica, y que sirve al propósito de espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”.

Caso Raphael, quien había trabajado también en un sistema de evaluación del desempeño en Hacienda y en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), afirmó que la Auditoría abandonó los principios de autonomía e imparcialidad debido a que “existe la aspiración claramente ponderada en estos días de ‘hacer política’, lo que es incompatible con la responsabilidad de dirigir la Auditoría Superior de la Federación”, puesto a cargo de David Colmenares.

“Las motivaciones y aspiraciones políticas actuales son la causa raíz de la disminución o debilitamiento de funciones que deberían ejercerse sin condicionantes”, dijo el exauditor.

En la carta, dirigida a los integrantes de la Auditoría y a la ciudadanía, afirmó que “en la ASF se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización, lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión”.

La institución, dijo, es un órgano del Estado Mexicano, “no de gobierno” y debe realizarse “con el mismo rigor técnica y profesionalismo sin importar quién o quiénes detenten la función de gobierno”.

Al iniciar este gobierno, la Auditoría se retractó de una revisión tras la inconformidad del presidente López Obrador en la revisión de la Cuenta Pública de 2019. Se trató de la auditoría encabezada por Caso Raphael en la que determinó el costo de la cancelación del NAIM, la principal obra de infraestructura del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La obra fue cancelada por AMLO tras una consulta ciudadana no vinculante y la acusación de corrupción, aunque nunca ha mostrado las pruebas ni interpuso denuncia alguna al respecto.

Hacienda había informado que la cancelación costaría al erario 100 mil millones de pesos, pero la revisión de la Auditoría determinó que era del triple: 331 mil millones de pesos.

El presidente López Obrador respondió exigiendo que la Auditoría “corrigiera” esa información. Esto provocó que el auditor David Colmenares separara del cargo de manera temporal a Caso Raphael, mientras que la ASF se retractó de su hallazgo al asegurar que había “inconsistencias en la cuantificación realizada”.

Sin embargo, Caso Raphael defendió su metodología y los hallazgos publicados en la auditoría.

ASF disminuye revisiones en gobierno de AMLO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta de las irregularidades cometidas en cada sexenio, como los sobrecostos en la Estela de Luz, en la administración de Felipe Calderón, o las irregularidades que luego derivaron en la investigación periodística La Estafa Maestra. También señaló los desvíos cometidos durante la administración del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Sin embargo, en la gestión de David Colmeneres como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha aumentado el rezago en la recuperación de más de 309 mil millones de pesos de recursos públicos y también en el avance del proceso jurídico para sancionar posibles actos de corrupción o irregularidades en el gasto del gobierno federal, advirtió un diagnóstico elaborado por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados.

El análisis encontró que sobre todo entre 2019 y 2020, durante la administración de Colmenares y tiempo que ha coincidido con la revisión de los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los procedimientos sancionatorios han ido a la baja, mientras que la “revisión legal” ha aumentado, lo que mantiene los asuntos en suspenso de manera indefinida.

La Auditoría también canceló el estudio que presentaría en 2022 sobre los fideicomisos públicos que fueron desaparecidos por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 acusando presunta corrupción, aunque sin haber mostrado pruebas de ello hasta el momento.

De acuerdo con el plan anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020, que se publicó en febrero de 2021, en 2022 se conocería el estudio de los fideicomisos, pero de último memento notificó que lo daría “de baja”. Eso significó que no será reprogramado para presentarse posteriormente, sino que está cancelado definitivamente.

También dio de baja la auditoría a Mex Gas, una subsidiaria de Pemex constituida en las Islas Caimán, cuyas ganancias han estado en opacidad desde el inicio de operaciones y será la encargada de operar Gas Bienestar. La auditoría a la SEP sobre “Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo de México” sería reprogramada y el estudio a la Semarnat sobre el “Panorama Anual del Agua” también fue cancelado.

Publicado por:NOTICIAS DE YUCATÁN