Dejaron libre a Ovidio pero insisten en encarcelar a exrectores, académicos y físicos

La lista de los 31 investigados por la FGR

La Fiscalía General de la República tiene abierto una carpeta de investigación en contra de 31 miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a quienes acusa del presunto delito de delincuencia organizada. Los científicos que están en la mira de las autoridades tienen amplias carreras, han ocupado cargos en universidades y han sido reconocidos con galardones internacionales.

El juez con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, rechazó por segunda ocasión la solicitud de órdenes de aprehensión en contra de los  31 académicos y científicos, apenas este lunes. Sin embargo, la FGR tiene posibilidad de impugnar ante un Tribunal Unitario de Alzada esta decisión.

Fuentes oficiales informaron a La Silla Rota que existen elementos para proceder y aún se analiza si la Fiscalía apelará.

El recurso de apelación puede ser interpuesto ante el Tribunal Unitario de Alzada y sería en términos del artículo 467, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En caso de presentarse una nueva orden de aprehensión esta debería tener más y mejores elementos que lograran el convencimiento del Juzgador respecto a hechos que les atribuyen y que la ley señala como delitos.

La institución busca por segunda vez que el expediente sea judicializado en los siguientes días o semanas.

FGR RESPONDE: SOLICITARÁ NUEVAMENTE ÓRDENES DE CAPTURA

La FGR, volverá a solicitar la orden de aprehensión contra 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que supuestamente desviaron recursos públicos al Foro Consultivo y Tecnológico A.C.

Al ser negada la petición por un juez de control en el Estado de México, la dependencia informó que en la nueva petición explicara "con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.

"La FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables; y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho".

A través de un comunicado la dependencia informó que el Juez de Distrito mencionó en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.  

"Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra  de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria".

La dependencia informó que el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas.  

"La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial".

En la denuncia de la FGR encabeza la lista el doctor Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 2013 a 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto

El pasado 8 de septiembre, Cabrero Mendoza fue nombrado por unanimidad miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana. A lo largo de su carrera fue director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial.

Cabrero Mendoza ha publicado más de 25 libros y 70 artículos especializados. Es doctor en Ciencias de Gestión por la Escuela de Altos Estudios en Administración de Francia y cuenta con especialidades en política y empresa pública, asimismo es maestro en Administración Pública por el CIDE, licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III.

La segunda en la lista de la denuncia es la doctora Julia Tagüeña Parga, quien fue coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico a partir de 2019. Anteriormente se había desempeñado como directora General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM,  del Centro de Investigación en Energía de la UNAM y directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt.

Tagüeña Parga está nominada al premio Kalinga de Divulgación Científica que otorga la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) y es el más importante en este rubro.  Es doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford y física por la UNAM, además, por su labor científica es investigadora nivel III del SNI.

En la misma situación se encuentra Luis Mier y Terán Casanueva, quien fue director adjunto de Planeación y Cooperación Internacional del Conacyt en el periodo de 2007 a 2014.  Él es ex rector general de la Universidad Autónoma de México (UAM), fue director del Sistema Nacional de Investigadores.

Mier y Terán Casanueva es profesor del Departamento de Física de la UAM Iztapalapa desde su fundación en 1974. Es doctor y maestro en Ciencias por la UNAM y licenciado en Física.

En la denuncia de la FGR también se investiga a José de Jesus Franco López, quien fue coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Él es doctor y maestro en Física por la Universidad de Wisconsin-Madison y licenciado en Física por la UNAM.

Se ha desempeñado como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y director general de Divulgación de la Ciencia en la UNAM.

Entre los presuntos implicados también se encuentra Gabriela Dutrénit Bielous, quien fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el periodo de 2012 a 2014. La académica de la UAM Xochimilco es miembro del SNI Nivel III, es doctora por la Universidad de Sussex, maestra en Economía por la UNAM y estudió también Economía en la Universidad de la Habana, Cuba.

David García Junco Machado fue encargado de la dirección adjunta de Administración y finanzas y Oficial Mayor en el Conacyt, puestos por los que fue incluido en la denuncia de la Fiscalía. Fue secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Ha sido consultor de instituciones como el Banco Mundial, es maestro en Política Pública por la Universidad de Chicago y licenciado en Administración por El Colegio de México.

En total, la  FGR investiga a seis integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como Julia Tagüeña Parga, quien fue coordinadora General, igual que José de Jesus Franco López y Gabriela Dutrénit Bielous, antes mencionados.

Asimismo, incluyó en la denuncia a Adriana Ramón Guerra Gómez, quien es secretaria Ejecutiva del Foro; Patricia Zúñiga Bello, secretaria Técnica del Foro, y Francisco Salvador Mora Gallegos, abogado del Foro.

Asimismo, se investiga a 25 ex funcionarios del Conacyt, entre ellos los antes mencionados Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director general en el sexenio de Enrique Peña Nieto; Luis Mier y Terán Casanueva, quien fue director adjunto de Planeación y Cooperación Internacional, y David García Junco Machado fue encargado de la dirección adjunta de Administración y finanzas y Oficial Mayor.

Asimismo, la Fiscalía incluyó en la denuncia a otros ex funcionarios del Consejo, como Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, quien fue  oficial Mayor; Jesús Arturo Borja Tamayo, director de Cooperación Internacional; Rafael Ortega Reyes director de Vinculación y Desarrollo Institucional;  María Dolores Sánchez Soler, directora Adjunta de Posgrado y Becas, y Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, director de Análisis estadístico.

También están bajo investigación Luis Gabriel Torreblanca Rivera, encargado de la Dirección Adjunta de Desarrollo Técnico e Innovación; José Rodrigo Roque Díaz, encargado de la dirección adjunta de Asuntos Jurídicos; Elias Micha Zaga, director Adjunto de Desarrollo Regional; Inocencio Higuera Ciapara director Adjunto de Centros de Investigación y Julio César Ponce Rodríguez, coordinador de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica.

Asimismo, se indaga a otros ex funcionarios del Conacyt como Lorena Archundia Navarro, directora de Planeación de Ciencia; Rafael Pando Cerón, director de Planeación Tecnológica; Teresa de León Zamora directora de Comercialización de Tecnología, adscrita a la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación;  Jorge Antonio Villegas Rodríguez director de Desarrollo Estatal y Regional; Salvador Emilio Lluch Cota director de Coordinación Sectorial, y Miguel Gómez Bravo Topete, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

En la misma situación se encuentran Rosa Eugenia Sandoval Bustos directora de Información y Normativa de Ciencia y Tecnología, adscrita a la Dirección adjunta de Planeación y Cooperación Internacional del Conacyt; María Mónica Ramírez Bernal directora de Administración e Información de Fondos Conacyt; Pablo Rojo Calzada directora de Becas;  Regina María Alarcón Contreras, directora de Coordinación Regional, Mauricio Francisco Coronado García director de Análisis Estadístico y Evaluación, y Marcial Bonilla Marín, director de Cooperación Internacional.

EL PROCESO EN CONTRA DE LOS 31 INVESTIGADORES

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República el 10 de julio de 2020, en base al oficio 12100/224/2020 que integró el área jurídica del Conacyt, en el que denuncia un desvío de más de 471 millones de pesos recursos públicos en favor Foro Consultivo y Tecnológico A.C.

Publicado por:NOTICIAS DE YUCATÁN